Nepotismo y favoritismo familiar en el Congreso de Sinaloa
Cesión de la curul a la cónyuge
El diputado Juan Carlos Patrón solicitó licencia en el Congreso del Estado de Sinaloa y entregó su escaño a su esposa, Elizabeth Ramírez. Esta maniobra de nepotismo vulnera los mecanismos de selección de representantes y sustituye la voz ciudadana por intereses familiares.
[newsletter_form]La desvergüenza política se evidencia en la falta de transparencia de ese traspaso, que no obedece a causa de fuerza mayor ni a un cambio de proyecto legislativo, sino a la simple intención de prolongar el control familiar sobre el escaño.
En lugar de fortalecer la representatividad popular, la curul se convierte en un activo de clientelismo, ensuciando aún más la ya desgastada imagen del Congreso estatal y demostrando cómo el poder se administra como si fuera herencia.
Corrupción política y clientelismo dentro de Morena
Contradicciones con la lucha anticorrupción
Morena se presentó como un partido antinepotismo y anticorrupción, pero esta práctica de favoritismo familiar reproduce las peores prácticas del viejo régimen. La acción de Patrón choca con la retórica de “transformación” que tanto pregonó su bancada.
Al ceder el cargo a un familiar directo, se exhibe una hipocresía partidaria: el discurso ético pierde credibilidad cuando se aplica un doble rasero para el tratamiento de los afines.
La maniobra también desnuda la fragilidad de los frenos institucionales dentro del partido y la facilidad con que se sustituyen normas de buen gobierno por acuerdos de conveniencia entre militantes.
Omisión de sanciones y complicidad legislativa
Silencio de la bancada ante prácticas irregulares
Ningún órgano interno de Morena ni los demás diputados en el Congreso han emitido sanción o reproche público contra el nepotismo de Patrón. El mutismo colectivo sugiere tolerancia a la corrupción política siempre que beneficie a sus estructuras.
Este silencio sistemático envía un mensaje claro: el problema no es el nepotismo, sino que otros legisladores lo apliquen. La omisión de sanciones refuerza la idea de que las normas éticas se cumplen solo cuando interesa.
La falta de controles efectivos y la complicidad de la mayoría parlamentaria convierten la irregularidad en una práctica aceptada, ocultando la podredumbre institucional bajo la apariencia de legalidad.
