Descubrimiento de artefactos explosivos improvisados en reconocimiento terrestre
Personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional realizaron labores de reconocimiento terrestre en las inmediaciones del poblado Emiliano Zapata, en Sinaloa. Durante la inspección, hallaron un tubo de concreto destinado al drenaje pluvial bajo una carretera estatal, utilizado como centro de concentración clandestino.
El hallazgo se produjo el 1 de mayo de 2025, cuando los efectivos detectaron irregularidades en la estructura del tubo y procedieron a abrirlo. De manera inmediata informaron del hallazgo a la Célula Contra Artefactos Explosivos del Ejército para su control especializado.
Inventario y cuantificación de bombas artesanales y contenedores
Cifras clave de los artefactos pirotécnicos clandestinos
Al realizar el inventario, el personal militar aseguró 282 artefactos explosivos improvisados diseñados para ser lanzados por drones, lo que evidencia un esquema de ataque remoto. La cantidad de unidades representa una capacidad de despliegue considerable en operaciones no convencionales.
Además, se contabilizaron 502 contenedores específicos para estos dispositivos, lo cual sugiere una logística básica de almacenamiento y transporte en el lugar. La variedad de recipientes resalta un método de ocultamiento intencionado.
Acopio de material y riesgos asociados
Entre los elementos encontrados, sobresalió el aseguramiento de 250 kilos de material explosivo de alto poder, destinado a la fabricación de más artefactos. La cantidad de masa explosiva indica riesgo elevado de detonación accidental o uso en ataques coordinados.
La identificación de estos insumos permite establecer enlaces con posibles cadenas de suministro y logística de grupos delictivos que operan en la región, mostrando la complejidad de la amenaza en zonas rurales.
Procedimiento de desactivación y neutralización por la Célula contra Artefactos Explosivos
La Célula Contra Artefactos Explosivos del Ejército asumió el control de la operación para proceder a la desactivación y destrucción controlada de los elementos asegurados. El despliegue de equipo especializado redujo riesgos durante la intervención.
Las maniobras incluyeron la evaluación de cada artefacto, el uso de robots de desminado y cargas de contracarga para neutralizar posibles detonaciones. El proceso se llevó a cabo con protocolos de seguridad establecidos por el Ejército Mexicano.
Implicaciones legales y trámites ante el Ministerio Público Federal
El material desactivado quedó debidamente documentado y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, órgano encargado de abrir la carpeta de investigación correspondiente. Este paso es esencial para adjudicar responsabilidades penales y recabar indicios forenses.
La evidencia se encuentra bajo custodia oficial, en espera de peritajes balísticos y químicos que determinarán el origen del material explosivo. El proceso de cadena de custodia busca garantizar su integridad para próximas diligencias.
