Investigación por presuntas irregularidades en arrendamiento de patrullas
La Fiscalía Anticorrupción mantiene un procedimiento en curso por posibles anomalías en el contrato de arrendamiento de 126 patrullas durante 2021. El expediente se originó a partir de una denuncia de la Auditoría Superior del Estado, que detectó inconsistencias en las bases de licitación y en los montos aprobados.
El proceso examina los términos del leasing operativo utilizado por el Ayuntamiento de Ahome, donde se cuestiona la relación costo-beneficio de los vehículos. Se revisan cláusulas de pago, plazos y condiciones de mantenimiento ofrecidas por la empresa arrendadora.
El objetivo de la indagación es determinar si hubo sobreprecio o favoritismo en la adjudicación, así como verificar el papel de los funcionarios involucrados. Se analizan documentos y se citan a comparecer a quienes tuvieron participación en el trámite administrativo.
Retraso en la comparecencia ante Sede Regional de Justicia Acusatoria
La audiencia del ex alcalde Gerardo Vargas Landeros estaba programada a las 11:00 horas en la Sede Regional de Justicia Acusatoria y Oral Centro. A las 11:15, las diligencias no habían dado inicio debido a la ausencia del citado, lo que generó una pausa en el procedimiento.
El juez de control esperó la llegada del ex munícipe, pero no se registró su arribo ni se presentó un escrito formal que justificara el retraso. Durante ese lapso, los representantes de la Fiscalía y del comité de adquisiciones permanecieron en la sala de audiencia.
Hasta el momento de la reanudación, no existe un pronunciamiento oficial sobre la eventual reprogramación o las consecuencias de la inasistencia. Las partes interesadas se mantienen a la espera de una nueva fecha para la comparecencia.
Vinculación de Gerardo Vargas Landeros en adjudicación de arrendamiento
Aunque el ex alcalde no formó parte del Comité de Adquisiciones que aprobó el contrato, su firma aparece en el documento de adjudicación. Esta firma es el nexo que relaciona a Vargas Landeros con el trámite, al quedar como parte del acta oficial.
El acta de adjudicación incluye rúbricas de los integrantes y del titular del Ayuntamiento, lo que implica responsabilidad jurídica en caso de que se compruebe el uso indebido de recursos públicos.
La Fiscalía indaga si esa firma se insertó de manera irregular.
La ausencia de Vargas Landeros en el órgano colegiado ha sido uno de los puntos centrales de la investigación, ya que su firma en un acto donde no participó abre dudas sobre la autenticidad del procedimiento administrativo.
Denuncia de la Auditoría Superior del Estado ante Fiscalía Anticorrupción
La denuncia fue levantada tras una revisión de oficio por parte de la Auditoría Superior del Estado, que documentó presuntas omisiones y vulneraciones a la normativa de adquisiciones. Se advirtió la falta de justificación en la selección de proveedores.
El expediente fue remitido a la Fiscalía Anticorrupción para que se iniciara la carpeta de investigación por ejercicio indebido del servicio público. Se considera la posible comisión de delitos patrimoniales y abuso de autoridad.
Naturaleza de la denuncia
La querella apunta a determinar si existió colusión entre servidores públicos y la empresa arrendadora. Se investigan posibles beneficios personales o cambios de última hora en las cláusulas del contrato que favorecieran a terceros.
También se examina la cadena de custodia de los documentos de licitación, para descartar alteraciones o inclusión de requisitos no aprobados originalmente por el Comité de Adquisiciones.
Alcance de la indagación anticorrupción
La Fiscalía ha citado, además del ex alcalde, a ex integrantes del comité y a funcionarios involucrados en la revisión técnica y legal. Su participación busca esclarecer responsabilidades en cada etapa del proceso.
Se prevé recabar declaraciones, oficios y peritajes que permitan corroborar si hubo sobrecostos o irregularidades en la contratación de las unidades policiales, así como posibles sanciones administrativas y penales.
