Auditorio Telmex: investigación financiera y empresa fantasma
Tras el concierto del 29 de marzo en el Auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco, las autoridades iniciaron una pesquisa sobre el manejo del contrato de la agrupación Los Alegres del Barranco. Se determinó que la contratación se canalizó mediante una empresa fantasma, lo que permitió la llegada de recursos sin soporte fiscal claro.
En ese contexto, se procedió al aseguramiento de 5.8 millones de pesos vinculados a esa compañía simulada. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue notificada para profundizar en posibles ilícitos fiscales y financieros relacionados con las operaciones de la entidad interpuesta.
Detección de irregularidades en documentos contractuales
El fiscal Salvador González de los Santos detalló que las actas constitutivas presentaban inconsistencias en firmas y fechas, y que otros papeles clave carecían de respaldo tributario. Estos documentos contractuales formaron parte de la denuncia por presuntas empresas fachada.
La ausencia de comprobantes de actividad real y la falta de registros bancarios coherentes con el volumen del contrato alimentaron la sospecha de maniobras para evadir impuestos y ocultar el origen de los fondos.
Los Alegres del Barranco: proceso legal y apología del delito
Un mes después del evento, un juez vinculó a proceso a los integrantes de Los Alegres del Barranco. Se les impusieron medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir de Jalisco y una fianza de 1.8 millones de pesos para garantizar su comparecencia.
Además, la Fiscalía abrió un expediente por apología del delito tras comprobar que el grupo interpretó canciones que ensalzan a líderes criminales y proyectó imágenes relacionadas con actividades delictivas durante la presentación.
Situación de los imputados y del promotor
La banda niega haber obtenido recursos ilícitos y afirma que sus ingresos proceden de actividades legales, amparados por comprobantes fiscales. Al mismo tiempo, el promotor y el representante legal de la agrupación enfrentan investigación por presunta complicidad en la gestión del contrato.
Las indagaciones continuarán para establecer si hubo responsabilidades penales adicionales en la estructuración de la contratación y en la difusión de contenidos vinculados a la promoción de hechos delictivos.
