La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado una decisión histórica al invalidar por completo el llamado “plan B” electoral propuesto por el Gobierno de México. Este plan consistía en un conjunto de seis reformas destinadas a limitar los recursos y las facultades del Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo autónomo encargado de organizar los comicios en el país.
El máximo tribunal, por mayoría de votos, determinó que el proceso legislativo seguido por el Congreso para aprobar estas reformas implicó violaciones graves al debido proceso legislativo. En cuestión de horas, se realizaron modificaciones a cientos de normas que los legisladores no tuvieron tiempo de conocer adecuadamente. La aplanadora oficialista conformada por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo logró avalar estas reformas, pero ahora la SCJN ha determinado que su proceso de aprobación fue inválido.
El “plan B” se promulgó en dos partes y ambas fueron impugnadas por los partidos de oposición a través de acciones de inconstitucionalidad. La primera parte fue invalidada por el Supremo el pasado 8 de mayo, y ahora, con la resolución de este jueves, se completa la anulación total del plan.
Con esta decisión, el INE podrá continuar operando con sus mismos recursos, infraestructura y facultades de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2024. Esto pone fin a uno de los capítulos más políticamente conflictivos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ya que la reforma al aparato electoral había sido uno de los proyectos políticos prioritarios del presidente.
Inicialmente, López Obrador buscó una reforma constitucional profunda que involucraba la remoción de todos los integrantes del INE y el Tribunal Electoral, así como la elección de legisladores a través de listas estatales. Sin embargo, al no lograr las mayorías calificadas necesarias para reformar la Constitución, se implementó el “plan B”, que consistía en reformas a leyes secundarias que requerían una mayoría simple para su aprobación.
El oficialismo, encabezado por Morena y sus aliados, utilizó su mayoría en el Congreso para aprobar rápidamente, sin debate con la oposición, las iniciativas enviadas por López Obrador. Estas reformas afectaban la Ley General de Comunicación Social, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Los partidos de oposición y grupos de activistas criticaron estas modificaciones, pues consideraban que imponían restricciones al presupuesto y las facultades del INE, lo cual podría comprometer la imparcialidad y transparencia de las elecciones, y ser utilizadas como una medida de control para manipular los resultados electorales.
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