El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado este lunes a tres años de prisión por corrupción y tráfico de influencias, lo que le convierte en el primer exinquilino del Elíseo en ser sentenciado a una pena de cárcel.
Sarkozy, de 66 años, fue acusado de haber maniobrado en 2014 para obtener informaciones confidenciales de parte de un alto magistrado en otra investigación abierta contra él a cambio de conseguirle un puesto en Mónaco.
El caso fue descubierto por los investigadores en las escuchas telefónicas intervenidas entre el expresidente y su abogado, Thierry Herzog, en el marco de una tercera investigación judicial contra él.
Durante la vista, que tuvo lugar en noviembre y diciembre pasados, Sarkozy negó las acusaciones, mientras sus abogados se obstinaron en tratar de invalidar las escuchas telefónicas, a su juicio protegidas por el derecho a la confidencialidad entre un cliente y su abogado.
La validez de esas pruebas fue clave para determinar el sentido de su veredicto.
“Pacto de corrupción”
Para la Fiscalía no hubo duda de que Sarkozy, su abogado y el alto magistrado Gilbert Azibert hicieron “un pacto de corrupción” en febrero de 2014 tendente a obtener beneficios en otra investigación, el llamado “caso Bettencourt“.
En el mismo, en el que el expresidente ya fue absuelto, se incautaron sus agendas en el Elíseo y Sarkozy buscaba recuperarlas, para lo que acudió a Azibert, a quien, según la acusación, prometió ayudar a conseguir un puesto judicial en Mónaco.
“Le haré ascender”, le dijo Sarkozy a su abogado en una de esas conversaciones intervenidas por los investigadores, que tenían pinchado su teléfono dentro de la causa por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Sarkozy en 2007 con dinero del régimen del entonces líder libio Muamar Gadafi.
Tanto Herzog como Azibert afrontan una pena similar a la del expresidente y en el caso del primero la Fiscalía pidió también cinco años de inhabilitación para ejercer la abogacía.
Sarkozy aprovechó el juicio para proclamar su inocencia y presentarse como víctima de la Fiscalía Financiera, una institución creada por su sucesor, el socialista François Hollande, para perseguir la corrupción política y que tiene varias cuentas pendientes con el expresidente conservador.
