Contexto del operativo fronterizo México–Guatemala
El 2 de junio, elementos de la Policía Estatal Preventiva de Chiapas fueron emboscados mientras realizaban labores de vigilancia en la región fronteriza. El ataque ocurrió en un tramo cercano a Las Champas, en el municipio de Frontera Comalapa. Tras la agresión, varias patrullas resultaron dañadas y algunos agentes fueron asesinados y posteriormente calcinados en el lugar. Las autoridades estatales confirmaron la magnitud del atentado y anunciaron medidas inmediatas en respuesta.
En reacción a los hechos, la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas movilizó a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP). Esta unidad especializada, liderada por el secretario Óscar Aparicio, fue enviada para reforzar el control en la franja limítrofe con Guatemala. El operativo contó con el apoyo de vehículos tácticos y unidades de inteligencia operativa. El despliegue buscó restablecer el orden y dar con los responsables de la emboscada.
Despliegue de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP)
La Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) inició el patrullaje en Las Champas con refuerzos de infantería y agentes con capacitación en operaciones de alto riesgo. El grupo táctico recorrió rutas estratégicas con puntos de vigilancia estricta para evitar nuevos ataques. Su objetivo fue asegurar los pasos informales y detectar posibles rutas de fuga empleadas por células criminales. La presencia de la FRIP generó cierres parciales de vías y retenes en puntos clave de Frontera Comalapa.
Posteriormente, el operativo se extendió hasta la localidad de Las Mesillas, en el departamento de Huehuetenango, Guatemala. En esta fase, los efectivos estatales traslapearon la línea fronteriza para realizar patrullajes mixtos con fuerzas locales. Se implementaron protocolos conjuntos de seguridad con base en la información de inteligencia recabada. La coordinación transversal permitió un cerco táctico que culminó en un enfrentamiento directo con presuntos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG).
Resultados del enfrentamiento y detenciones en Huehuetenango
Durante el choque armado, murieron cuatro presuntos criminales tras el intercambio de disparos. Los fallecidos fueron encontrados en las inmediaciones de Las Mesillas, donde se registró el mayor nivel de resistencia. Los uniformados precisaron que se emplearon armas de fuego de alto calibre y granadas de fragmentación. El análisis balístico confirmó la participación de los agresores en actividades delictivas transnacionales.
Entre los muertos figuró Baldemar Calderón Carrillo, alias “El Tío Balde”, señalado como uno de los fundadores y principales financiadores del Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG). Este grupo guarda vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y se dedica al reclutamiento de exkaibiles guatemaltecos. Los informes oficiales atribuyen a Calderón Carrillo el establecimiento de rutas de narcomenudeo y tráfico de armas. Su desaparición supone un golpe a la estructura financiera de la organización.
En contraste, las autoridades detuvieron a Juan Manuel Calderón Carrillo, apodado “El Teniente” y uno de los hijos de Baldemar, clasificado en la lista de los más buscados de Guatemala por homicidio. El arresto se produjo durante el repliegue de los implicados tras el enfrentamiento. Los cargos en su contra incluyen homicidio y asociación ilícita con bandas transfronterizas. Las fuerzas de seguridad trasladaron al detenido a un centro de detención de máxima seguridad en territorio guatemalteco.
Intervención militar y acusaciones de colusión en Chiapas
El Ejército guatemalteco y la Policía Nacional Civil intervinieron para contener el avance del operativo y cerrar temporalmente la frontera. Se establecieron bloqueos y puestos de control en varios puntos de paso terrestre. La decisión buscó evitar la fuga de posibles cómplices y asegurar la zona de conflicto. Los uniformados guatemaltecos aplicaron protocolos de resguardo para salvaguardar a la población civil.
Tras la operación, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, acusó directamente a autoridades guatemaltecas de presunta colusión con organizaciones criminales. La declaración aludió a posibles filtraciones de información que facilitaron el ataque inicial del 2 de junio. El señalamiento abrió un nuevo capítulo de tensión diplomática y puso en entredicho la cooperación bilateral. El reclamo oficial exige esclarecer el grado de cooperación institucional entre ambas naciones.
