Tribunal federal falla en demanda contra militarización ilegal
Un tribunal federal determinó que el despliegue de la Guardia Nacional de California por orden presidencial carecía de sustento legal. La resolución subraya que las fuerzas armadas deben centrarse en operaciones bélicas y no en tareas de seguridad interna en ciudades.
La demanda presentada por el gobernador de California señalaba que la orden de federalizar a la Guardia Nacional violaba límites estatutarios establecidos por el Congreso. El fallo deja sin efecto la instrucción de enviar tropas a las calles de Los Ángeles con el argumento de reforzar la seguridad.
Con esta decisión, la corte fortaleció el principio de separación de poderes al rechazar una acción ejecutiva con alcance más allá de lo previsto por la ley. El tribunal concluyó que la presencia militar en entornos civiles no corresponde a la jurisdicción presidencial sin aval legislativo.
Cuestionamientos estatutarios y constitucionales en la petición
La demanda destacó un presunto exceso de autoridad al invocar facultades que corresponden al Congreso. Según el escrito, la orden de federalización vulneró el debido proceso al no justificarse con base en disposiciones estatutarias válidas.
El gobernador argumentó que la medida contravenía la Décima Enmienda de la Constitución, al despojar al estado de su potestad sobre la Guardia Nacional local. La demanda señalaba que dicha enmienda reserva a los estados el poder de organizar y emplear sus propias milicias.
El planteamiento legal aludió a precedentes que limitan la intervención militar en asuntos civiles sin autorización expresa del legislador federal. Ese marco constitucional resultó clave para que la corte dictara un fallo en favor de las competencias estatales.
Redadas de inmigración y orden de federalización cuestionada
El origen del litigio remite a las redadas federales de inmigración iniciadas el 6 de junio en Los Ángeles. La acción se acompañó de la instrucción presidencial de desplazar unidades de la Guardia Nacional para reforzar operativos locales.
El gobernador consideró que esa combinación de patrullajes de inmigración y despliegue militar generaba un escenario de militarización no autorizada. La orden desencadenó el proceso judicial al estimarse que afectaba derechos fundamentales y competencias estatales.
Requerimiento de devolución de mando y alcance del fallo
En su demanda, el gobernador exigió la devolución inmediata del mando de la Guardia Nacional al gobernador del estado. El recurso solicitaba dejar sin efecto cualquier directiva que hubiera desplazado el control fuera de la gubernatura californiana.
El tribunal federal accedió a ese planteamiento y ordenó restituir la autoridad estatal sobre esas fuerzas. Con ello, se dispuso que cualquier despliegue futuro de la Guardia Nacional en California requiera la aprobación del gobernador correspondiente.
