Creación de la Vicefiscalía Especializada de Derechos Humanos
El Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad la instauración de la nueva Vicefiscalía Especializada de Derechos Humanos y Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, adscrita a la Fiscalía General del Estado. Esta unidad funcionará con autonomía operativa para atender de oficio toda agresión contra comunicadores y activistas.
La vicefiscalía se establece como una oficina prioritaria para incorporar la perspectiva de género en las indagatorias, con la misión de garantizar el acceso a la justicia de quienes ejercen el derecho a la información o la defensa de garantías individuales.
Reformas legales y ajustes al Código Penal
La modificación abarca el artículo 5 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, incorporando disposiciones específicas para investigar agresiones y amenazas. El propósito es fortalecer el marco jurídico y sancionar delitos contra la libertad de expresión.
Además, se introducen cambios en las disposiciones del Código Penal del Estado para tipificar con mayor precisión los ataques a comunicadores y defensores, contemplando agravantes por discriminación y persecución de la labor informativa.
Modificación al artículo 5 de la Ley de Protección
La reforma al artículo 5 establece la obligación de la Fiscalía General del Estado de abrir indagatorias de manera inmediata, sin esperar denuncias formales, cuando existan indicios de agresión. Esto agiliza los procesos y evita demoras administrativas.
Se añaden protocolos de atención prioritaria y medidas cautelares para salvaguardar la integridad física y psicológica de periodistas y defensores durante la fase investigativa.
Actualización de la Ley Orgánica de la Fiscalía
La Ley Orgánica de la Fiscalía General de Sinaloa se ajusta para incluir expresamente la creación de esta dependencia interna, garantizando su financiamiento y estructura orgánica. Se prevé su operatividad inmediata al margen de la asignación presupuestal ordinaria.
Con estos cambios, se establecen criterios claros para la designación de un vicefiscal especializado, responsable de coordinar equipos de investigación con enfoque de derechos humanos.
Funciones específicas y enfoque de género en la investigación
La dependencia tendrá la facultad de indagar toda agresión contra periodistas y defensores de manera oficiosa, integrando peritajes especializados y valoración de contexto social. Esto incluye abuso de autoridad, intimidación y ataques físicos o digitales.
El enfoque de género obliga a considerar las vulnerabilidades particulares que enfrentan mujeres comunicadoras y activistas, incorporando ruta crítica para prevenir la revictimización y proteger testigos.
Investigación de agresiones a periodistas y defensores
La vicefiscalía está facultada para coordinarse con peritos forenses, psicólogos y especialistas en derechos humanos a fin de documentar las agresiones y tipificar los hechos conforme al Código Penal. Se prioriza la cadena de custodia de evidencias.
Este abordaje multidisciplinario busca garantizar la imparcialidad y solidez de las investigaciones, reduciendo vacíos legales que históricamente han impedido sancionar a los responsables.
Cronograma de implementación y demandas de la sociedad civil
La reforma entra en vigor 90 días después de su publicación, plazo en el cual la Fiscalía General del Estado debe establecer la operatividad de la vicefiscalía. Se prevé la rápida instalación de oficinas regionales para descentralizar la atención.
Organizaciones civiles como Iniciativa Sinaloa y la Asociación de Periodistas promovieron esta iniciativa tras el incumplimiento de reformas anteriores y la obtención de amparos para exigir su creación.
Operatividad inmediata mediante modalidad de vicefiscalía
La elección de la modalidad de vicefiscalía permite iniciar funciones sin esperar la creación de una Fiscalía Especializada, cuya puesta en marcha dependería de un presupuesto formal estimado para 2026. Esto garantiza acción pronta.
El modelo busca minimizar brechas de implementación y dotar de recursos humanos y técnicos para un despliegue ágil en todo el territorio sinaloense.
Antecedentes e impulso de organizaciones civiles
La exigencia de una instancia especializada nació de la reiterada omisión de autoridades para atender agresiones a periodistas y defensores, lo cual motivó la estrategia jurídica de amparos y la presión pública de colectivos.
Este movimiento social evidenció la falta de instrumentos efectivos para proteger a quienes documentan violaciones de derechos humanos, motivando la reforma legislativa actual.
