Mazatlán, Sinaloa.— Autoridades municipales dieron de baja a 15 policías en por consumo de drogas, abusos contra la ciudadanía y corrupción, mientras casos en Tijuana y Coahuila reabren el debate sobre presuntos cobros y extorsiones.
Puntos clave
- En Tijuana, dos policías fueron suspendidos tras difundirse un video y abrirse una queja por presunta extorsión.
- En Piedras Negras y tramos de la carretera 57 se reportaron señalamientos públicos de cobros a paisanos, sin denuncias formales.
- Mazatlán registró 15 bajas de elementos municipales en 2025 por conductas que incluyen abuso de autoridad y corrupción.
- El censo nacional reporta 113,010 expedientes atendidos por CNDH y organismos estatales, con 98,736 calificados.
Incidentes locales: Tijuana, Piedras Negras y Mazatlán
En Tijuana, Baja California, la difusión de un video motivó la suspensión de dos policías municipales mientras la sindicatura investiga una queja por presunta extorsión. La autoridad comunicó que los agentes fueron retirados de funciones operativas durante el proceso.
En Coahuila, señalamientos en los primeros kilómetros de la carretera 57 y en la zona de Piedras Negras señalaron detenciones y cobros a paisanos durante la temporada decembrina. Sin embargo, autoridades municipales dijeron que no existe «una sola denuncia formal» que sustente esas acusaciones.
Ubicaciones mencionadas
- Tijuana, Baja California — suspensión tras video.
- Piedras Negras — denuncias públicas en carretera 57.
- Mazatlán, Sinaloa — 15 bajas administrativas.
En Mazatlán, los descensos de personal se atribuyeron a consumo de drogas, abusos y actos de corrupción, según reportes locales. La información obliga al debate sobre controles internos y verificación ciudadana.
Registros nacionales y números de quejas contra la policía municipal
El INEGI, en el censo nacional de derechos humanos 2024 (resultados ), reportó que la CNDH y organismos estatales atendieron 113,010 expedientes. De esos, 98,736 casos fueron calificados, según los datos citados por medios.
Los expedientes calificados incluyen decenas de miles de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos. Entre las conductas más frecuentes aparecen la detención arbitraria y la violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública.
Brecha entre denuncias públicas y trámites formales
La cobertura mediática suele exponer casos que escalan tras volverse virales, mientras muchas denuncias no llegan a ventanilla. Si no existe denuncia formal, no se abre expediente; sin expediente, no hay sanción administrativa ni penal.
Ese vacío refuerza la desconfianza ciudadana hacia la policía municipal como primer respondiente. El patrón repetido en Tijuana, Coahuila y Sinaloa plantea preguntas sobre supervisión, rendición de cuentas y mecanismos externos de vigilancia.
