Vinculación a proceso por desempeño irregular y ejercicio indebido
El exalcalde Gerardo Octavio Vargas Landeros fue vinculado a proceso por presunto desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido de la función pública. La acusación se basa en la adjudicación directa de un contrato de arrendamiento de 135 patrullas en 2021 sin licitación. Autoridades fiscales identificaron posibles faltas al procedimiento, atribuyéndole un presunto daño al erario estimado en 14.5 millones de pesos.
El dictamen de la Auditoría Superior del Estado y de la Auditoría Superior de la Federación puso de manifiesto la omisión de requisiciones formales y justificantes de urgencia. El juez consideró que no se acreditó una situación de emergencia real, lo cual invalidaría el procedimiento de arrendamiento directo. De este modo, se sostiene que parte de las patrullas fueron destinadas a tareas administrativas.
Contrato de arrendamiento directo con Grinleasing y cuestionamientos
El contrato con la empresa Grinleasing S.A.P.I. de C.V. alcanzó un monto superior a 161 millones de pesos. La modalidad de adjudicación directa se justificó en el argumento de atender la crisis de inseguridad en el municipio de Ahome. Sin embargo, los auditores detectaron ausencia de licitación y falta de comparativo de costos.
El análisis financiero señaló que el arrendamiento vehicular pudo haberse contratado por montos más bajos mediante concurso público. Además, no se aportaron documentos que fundamentaran la necesidad imperiosa para adoptar esta vía excepcional. Ello plantea dudas sobre la transparencia en la gestión de recursos públicos durante la administración municipal.
Argumentos de la defensa y objeciones a la fiscalización
La defensa de Vargas Landeros sustentó que el arrendamiento de las unidades redujo los índices de inseguridad en el municipio. Se presentó evidencia estadística de presunta eficacia en operativos realizados con las patrullas arrendadas. De acuerdo con los abogados, la rapidez en la adquisición de vehículos fue clave para reforzar la seguridad ciudadana.
No obstante, el juez determinó que no se probó formalmente la urgencia ni la imposibilidad de recurrir a un proceso licitatorio. Además, se observó que varias patrullas permanecieron en oficinas administrativas en lugar de prestar servicio policial. Estos elementos fueron suficientes para desestimar la explicación sobre las necesidades operativas.
Medidas cautelares y seguimiento procesal ante UMECA
Como medida cautelar, el exfuncionario y los ocho implicados deberán presentarse mensualmente ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) por un plazo de seis meses. La obligación de comparecencia busca garantizar la disponibilidad de los acusados mientras se recogen pruebas en la etapa inicial. El juez consideró que esta medida es proporcional al riesgo de obstaculización del proceso.
Durante este periodo, las autoridades recopilarán peritajes y documentación adicional para sustentar la acusación. La fiscalía deberá reunir datos sobre el presunto daño al erario y la ilicitud del procedimiento de adjudicación directa. El avance de las diligencias en el sistema de justicia penal definirá los siguientes pasos del caso.
