Washington, Estados Unidos.— El gobierno de Donald J. Trump suspendió temporalmente las solicitudes de inmigración provenientes de 19 países considerados de «alto riesgo», incluyendo peticiones de asilo y revisiones de residencia, tras un tiroteo en Washington D.C.
Lo que sabemos
- La U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) emitió un memorando que ordena la suspensión hasta nuevo aviso.
- La medida abarca nuevas solicitudes, peticiones de asilo y revisiones de residencias («green cards»).
- USCIS inició una reevaluación masiva de residencias otorgadas a personas de los 19 países.
- El anuncio se relaciona con un tiroteo en Washington D.C. que, según autoridades, elevó riesgos de seguridad.
USCIS: alcance operativo de la suspensión de solicitudes de inmigración
La agencia migratoria informó que las decisiones sobre asilo quedan suspendidas hasta nuevo aviso y que revisará cada caso con «máximo rigor».
Además de las solicitudes nuevas, la medida incluye revisiones administrativas de estatus ya concedidos. USCIS dijo que emprenderá una reevaluación a gran escala para determinar si los beneficiarios siguen cumpliendo requisitos y si representan riesgos.
- Solicitudes de inmigración nuevas.
- Peticiones de asilo.
- Revisiones y renovaciones de residencias («green cards»).
- Otras vías de inmigración señaladas por la agencia.
Contexto: tiroteo en Washington D.C. y seguridad nacional
El gobierno vinculó la decisión con un tiroteo en Washington D.C., perpetrado por un ciudadano afgano, que aumentó la preocupación por amenazas a la seguridad nacional.
Autoridades dijeron que ese incidente motivó la intensificación de controles migratorios y la revisión de casos procedentes de países considerados de alto riesgo. La medida busca, según la administración, prevenir posibles amenazas futuras.
Impacto para solicitantes y reacciones de organizaciones
Personas originarias de los 19 países verán sus trámites detenidos de manera indefinida y enfrentan incertidumbre sobre tiempos y resultados. Quienes ya residen en EE. UU. podrían someterse a reevaluaciones que pongan en duda su estatus actual.
Organizaciones defensoras criticaron la suspensión por considerarla una medida colectiva que afecta a personas sin vínculos con delitos. Las críticas señalan riesgo de violaciones de derechos y piden transparencia sobre criterios y plazo para la revisión.
