Secuestro de menor y privación de libertad en Mazatlán
En 2012, una estudiante de preparatoria de 16 años fue víctima de un secuestro de menor al ser interceptada en calles de Mazatlán. Al salir rumbo a sus clases, tres hombres la obligaron a subir a la fuerza a una camioneta.
Tras maniatarla y sujetarla con bridas, los agresores sometieron a la joven mediante exhibición de un arma de fuego. Durante varias horas permaneció incomunicada antes de recibir amenazas directas.
Delito de plagio forzado y amenazas armadas
El plagio forzado se concretó cuando los agresores identificados como Gerardo “N”, Hugo “N” y Cristian “N” privaron de libertad a la menor. El modus operandi incluyó ataduras y despliegue de violencia física.
La presencia del arma de fuego reforzó las amenazas y limitó cualquier intento de resistencia. Los imputados ejecutaron el delito con protocolos orientados a asegurar el control de la víctima.
Modalidad del plagio
La adolescente fue trasladada primero a una zona montañosa cercana a la ciudad, donde permaneció incomunicada. El cambio de ubicación buscó complicar las labores de búsqueda.
Posteriormente, los agresores la trasladaron a un hotel dentro de Mazatlán. Durante este cautiverio, la joven fue vigilada de manera constante.
Amenazas con arma de fuego
La exhibición del arma se combinó con gestos intimidatorios, consolidando un entorno de terror. Las amenazas verbales reforzaron la coacción física.
Este mecanismo de miedo fue clave para imponer la exigencia de un rescate económico y mantener la obediencia de la víctima.
Exigencia de rescate económico y ubicación de cautiverio
Con el teléfono de la menor en su poder, los secuestradores exigieron 200,000 pesos al padre a cambio de la libertad. La transacción debía realizarse en un plazo limitado.
La víctima permaneció en dos sitios diferentes sin acceso a recursos o comunicación externa. La presión se incrementó al no recibir el pago en el tiempo establecido.
Finalmente, al no concretarse el rescate, los agresores liberaron a la joven cerca de su domicilio, evitando así un posible enfrentamiento durante la entrega del monto.
Sentencia penal y condena de prisión
Cada uno de los tres imputados recibió 28 años de cárcel tras la resolución judicial por el delito de secuestro de menor. La sentencia penal suma un total de 84 años de condena.
El fallo judicial también estableció una sanción económica conjunta de 407,652 pesos. Esta multa se aplica en paralelo con las medidas privativas de libertad.
Además de la pena de prisión y la multa, se dictó la reparación del daño a favor de la víctima, obligando a los responsables a responder por los perjuicios causados.
Multa económica y reparación del daño
La multa de 407,652 pesos se sustenta en el cálculo de los gastos y el impacto emocional sufrido por la menor. Este monto se suma a la condena de prisión.
La reparación del daño está orientada a cubrir atención psicológica y otros servicios requeridos por la víctima tras el episodio de privación de libertad.
