En un nuevo giro en el caso Ayotzinapa, el segundo informe de la comisión presidencial encargada de la investigación ha desatado polémica al omitir una solicitud crucial de las familias de los 43 normalistas desaparecidos. Según el documento, al que EL PAÍS tuvo acceso, no se consideraron los numerosos documentos de espionaje militar que las familias consideran fundamentales para esclarecer los eventos de esa fatídica noche.
El informe, que consta de 133 páginas, también incorpora de manera indirecta capturas de pantalla previamente rechazadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), generando aún más incertidumbre en torno a la veracidad de dichos mensajes. Estas capturas de pantalla pretendían mostrar supuestas conversaciones entre presuntos delincuentes y sus familiares, todos relacionados con el grupo criminal Guerreros Unidos, el cual se sospecha está vinculado al ataque.
La presentación oficial de este segundo informe estuvo a cargo de Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Curiosamente, este informe surge poco después de que el Gobierno publicara un texto más conciso titulado «Ayotzinapa. Narrativa de los hechos de acuerdo a la investigación realizada». Aunque se afirma que ambos documentos están relacionados, existen notables diferencias entre ellos. El segundo informe carece de los logotipos o el nombre de la comisión, lo que ha generado confusión entre el público.
La controversia se intensificó durante una reunión entre las familias de los 43 normalistas y el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Las familias insistieron en la importancia de los documentos de espionaje militar, que según ellos podrían contener valiosa información sobre el destino de sus seres queridos. Sin embargo, el presidente rechazó rotundamente la existencia de estos documentos, lo que aumentó la tensión en la reunión.
Este nuevo episodio de confusión y desacuerdo recuerda al lanzamiento del primer informe de la comisión en 2022, cuando el Gobierno tuvo que realizar aclaraciones posteriores debido a las críticas y la falta de novedades en la investigación.
El informe actual presenta varias hipótesis sobre el destino de los estudiantes desaparecidos, aunque ninguna de ellas ha sido confirmada. Además, retoma chats inverificables que han sido objeto de controversia en investigaciones anteriores. A pesar de la falta de verificación de estos mensajes, la comisión sostiene que han permitido abrir nuevas líneas de investigación.
El caso Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta en México, y las discrepancias en torno a la investigación no hacen más que aumentar la angustia de las familias de los 43 normalistas desaparecidos.
