Protesta contra la reforma judicial en Mazatlán
Hoy 20 de febrero de 2025 se realizó una manifestación frente al edificio del Poder Judicial del Puerto de Mazatlán, congregando a decenas de ciudadanos y militantes del PAN en Sinaloa. El acto se llevó a cabo en rechazo a la reforma al poder judicial promovida por el gobierno de Morena, medida que, según los organizadores, podría modificar la estructura y el control de los comités de jueces y magistrados.
La convocatoria se enmarca en una crítica directa al cambio normativo, el cual ha sido interpretado por los participantes como un procedimiento para concentrar poder en manos de afiliados al partido gobernante. La protesta evidenció un malestar en sectores que consideran que la medida atenta contra la división de poderes y debilita el sistema de garantías democráticas.
Manifestación en el Poder Judicial
Durante el evento, la presidenta del PAN en Sinaloa, Wendy Barajas Cortes, manifestó que la reforma busca eliminar las elecciones libres al permitir la intervención política en la designación de jueces. Su discurso se orientó a denunciar lo que denominó un “fraude disfrazado de reforma”, resaltando la trascendencia de cuestionar cualquier modificación que se perciba como una amenaza al marco constitucional.
Los participantes dejaron claro en el acto su rechazo a la idea de modificar los mecanismos de selección y evaluación de los integrantes del poder judicial, argumentando que tales cambios pueden generar un ambiente de impunidad y concentración de poder. La movilización se presentó como un llamado a la acción para evitar que se comprometan los principios básicos del sistema jurídico y democrático.
Declaraciones de figuras panistas sobre la crisis constitucional
En la misma concentración, otras figuras del partido, como Emilio Goicoechea Luna, enfatizaron la importancia de mantener intacta la defensa de la Constitución. Sus declaraciones se centraron en advertir sobre el riesgo de perder garantías fundamentales, al tiempo que se resaltó el impacto de la reforma en el equilibrio de poderes dentro del Estado.
El panista hizo hincapié en que la injerencia política en el ámbito judicial podría marcar un precedente negativo en el manejo de los derechos individuales y el marco constitucional. La crítica se orientó hacia lo que se consideró una crisis colaborativa en el sistema, provocada por medidas que facilitan la concentración de poder en detrimento de la autonomía judicial.
Advertencias sobre la intervención política en el poder judicial
Las declaraciones de los dirigentes se caracterizaron por un tono crítico y renuente ante lo que se percibe como el control político del sistema judicial. Se destacó que la intervención en la designación de jueces y magistrados podría derivar en una vulneración a las garantías individuales y alterar el equilibrio institucional de las ramas del poder público.
Asimismo, se señaló que la reforma tendría implicaciones profundas en lo que respecta a la separación de poderes, dado que permitiría un mayor accionar del partido en el control de decisiones judiciales. Esta crítica se fundamente en la interpretación de que el cambio normativo representa un deterioro en la independencia del poder judicial.
