Bloqueo de la orden ejecutiva y ciudadanía automática por nacimiento
Un panel de la Corte de apelaciones del 9º Circuito, con sede en San Francisco, ratificó la medida cautelar que impide la ejecución de la orden ejecutiva presidencial para limitar la ciudadanía automática por nacimiento. La resolución confirma la decisión de un juez federal de Seattle y subraya que el mandato contradice los principios establecidos en la Enmienda Decimocuarta.
La interpretación del panel judicial señala que la directriz presidencial “niega la ciudadanía a muchas personas nacidas en Estados Unidos”, al redefinir de manera restrictiva quiénes califican para el derecho al nacimiento. Este rechazo mantiene vigente el criterio de ciudadanía ininterrumpida reconocido por la tradición jurídica y evita cambios abruptos en el estatus migratorio de miles de individuos.
Legitimidad de los fiscales generales demócratas y tribunal del 9º Circuito
El litigio fue impulsado en enero por los fiscales generales demócratas de Washington, Arizona, Illinois y Oregón, quienes argumentaron que la orden ejecutiva carece de fundamento legal y sobrepasa la autoridad presidencial. El panel coincidió en que los estados tienen legitimidad activa para impugnar la medida al demostrar un perjuicio directo en sus funciones administrativas.
La Corte del 9º Circuito concluyó que un cambio en los criterios de ciudadanía afectaría la administración de beneficios estatales y federales, pues alteraría los protocolos de verificación de elegibilidad. Con esta justificación, los magistrados respaldaron el status quo y reforzaron el principio de separación de poderes frente a normas ejecutivas de amplio alcance.
Impacto en elegibilidad para programas estatales y federales
Los estados involucrados señalaron que modificar la definición de nacionalidad por nacimiento obligaría a revisar expedientes de residentes y solicitantes de asistencia pública. Programas de salud, educación y empleo podrían verse truncados ante la imposibilidad de confirmar el derecho a recibir apoyo sin un criterio claro de ciudadanía.
Este bloqueo judicial garantiza la continuidad de trámites administrativos y evita la paralización de servicios esenciales. De concederse el cambio, las agencias estatales y federales hubieran enfrentado un plazo ajustado para adaptar sus sistemas de registro y verificación, con impacto directo en beneficiarios y solicitantes.
