El gobierno de Venezuela publicó un decreto de Estado de Conmoción Exterior que otorga amplios poderes al Ejecutivo y ordena la búsqueda y captura de personas vinculadas al ataque de Estados Unidos; el documento fue fechado el sábado y divulgado el lunes.
Puntos clave
- El decreto tiene rango de ley, durará 90 días con posible prórroga por 90 días.
- Autoriza la militarización de servicios públicos, la industria petrolera y otras industrias básicas.
- Faculta requisar bienes, suspender reuniones públicas y ordenar detenciones relacionadas con el ataque.
Alcance del decreto: militarización, requisición y suspensión de derechos
El texto ordena la militarización de la infraestructura de servicios públicos y de la industria petrolera, y somete al personal de esos sectores al régimen militar de manera temporal. También faculta al Ejecutivo para la requisición de bienes considerados necesarios para la defensa nacional.
Entre las medidas que enumera el decreto figuran la suspensión del derecho de reunión y manifestación públicas y la adopción de “cualquier otra medida que fuera necesaria para proteger al pueblo”. El documento asegura la intención de garantizar derechos como la vida y la libertad personal.
- Militarización de servicios públicos y empresas básicas
- Personal sometido a régimen militar temporal
- Requisas de bienes para la defensa nacional
- Suspensión del derecho a reunión y manifestación
“asumir con firme fervor patriótico”
—Frase incluida en el decreto que exhorta a la población a participar en la defensa de la nación, según el texto publicado.
Firmas, vigencia y medidas legales complementarias
El decreto, fechado el sábado y publicado el lunes, está firmado por el presidente Nicolás Maduro y refrendado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. El documento establece una vigencia inicial de 90 días con posibilidad de prórroga por otros 90.
El gobierno ya había promovido en una ley que sanciona a quienes apoyen llamados a sanciones o daños extranjeros, con penas que incluyen inhabilitación política y confiscación de bienes. Fuentes oficiales presentaron el decreto como una respuesta al ataque de Estados Unidos mencionado en el texto.
Derechos y contrapesos según juristas y expertos en Venezuela
Expertos consultados señalan que un decreto de esta naturaleza implica restricciones a garantías constitucionales. Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, explicó las implicaciones legales y los límites que mantiene la Constitución.
Apitz afirmó que la ley de estados de excepción otorga amplias facultades políticas, económicas y sociales al Ejecutivo, pero recordó que ciertos derechos deben permanecer intangibles: la vida, la prohibición de incomunicación y tortura, el debido proceso y el derecho a la información.
Críticos advierten que, aunque la Asamblea Nacional o la justicia podrían revocar el decreto en teoría, existen pocos contrapesos efectivos al Poder Ejecutivo en la práctica.
