El único lugar en San Francisco que trabaja con bienes raíces como en los años ochentas es la oficina del asesor de la ciudad. Su sistema de impuestos data de la época de los discos flexibles, los floppies. Muchos de los programas que usa el gobierno, de hecho, corren en software creado por lenguajes que ya son obsoletos y que además, no soportan el ratón. Muchos asesores, cuando usan software antiguo, no pueden tener toda la información de las propiedades en la pantalla. Los que trabajan con este tipo de software tienen que abrir y cerrar muchos menús para buscar incluso una simple dirección en la ciudad. De acuerdo con Carmen Chu, la asesora de la ciudad, “los programas que se usan no reflejan las necesidades actuales”.
Todo esto es, por decir lo menos, curioso, porque San Francisco no es una ciudad que no tenga los últimos adelantos tecnológicos. Sin embargo, los políticos estadounidenses parece que frecuentemente usan el dinero de los contribuyentes para crear nuevas carreteras y puentes, pero el equivalente digital para proyectos de dicha infraestructura parece que no desarrolla el mismo entusiasmo y se deja “para después”. “Modernizar la tecnología no es un tema prioritario que viene a la mente cuando se le habla a los contribuyentes“, dice Chu. Le llevó a su oficina casi 4 años para asegurarse 36 millones para actualizar el hardware y el software, de manera que los programas puedan, entre otras cosas, dar prioridad a los casos en donde los retrasos suelen ser más costosos. Los requerimientos de diseño se deberían finalizar para este verano.
Pero para los funcionarios locales en todo el país, el migrar de los servidores viejos al almacenamiento en la nube, está siendo mucho más difícil de lo que se esperaba pues no se consiguen fondos para estas actualizaciones. Pueden presupuestar equipo físico como gastos importantes, pero pagar por computación de la nube como un servicio lo tienen que hacer vía los fondos operativos, el mismo dinero que va para cosas más tangibles como parques y policías. El lento paso del gobierno parece ser parte del problema en lo que se refiere a esta falta de recursos, dice Marc Pfeiffer, un ex funcionario de Nueva Jersey, quien ahora aconseja a las municipalidades sobre como administrar la tecnología.
Esto está representando una oportunidad de negocios. Por ejemplo, Salesforce.com Inc., el creador de una aplicación basada en la nube, está trabajando con la oficina del asesor en un proyecto para encontrar soluciones tecnológicas actuales. Sin embargo, en muchas partes del país se sigue gastando dinero en mantener sistemas obsoletos, los cuales trabajan pero con las limitaciones propias de los años en que fueron creados. Las actualizaciones son difíciles de echarlas a andar… y de terminarlas, y la atracción de nuevos trabajadores con las habilidades necesarias actuales es costosa.
Por ejemplo, Minnesota gastó hace una década unos 100 millones de dólares para reemplazar sus sistemas de registro de vehículos y licencias de conducir, pero la nueva versión del software llegó con tantos problemas que el gobernador Tim Walz tuvo que pedir otros 16 millones adicionales para corregir las dificultades de dichos programas.
Y sí, las mejoras cuestan dinero que muchas veces no se quiere pagara. “Tratamos con un público irracional que quiere más y más servicios y al mismo tiempo quiere que se bajen los impuestos”. dice Alan Shark, director ejecutivo de PTI (Public Technology Institute), una asociación para los funcionarios municipales de tecnología.
Los casos son increíbles: en San Francisco el asesor sa un sistema en Cobol llamado AS-400, que cuando se inicia dice en las pantallas: “COPYRIGHT IBM CORP., 1980, 2009”. “Y el problema es que mantener funcionando este sistema requiere de mucho trabajo manual y esto solamente para mantener el desempeño de las funciones básicas”, dice Chu.
Obviamente los problemas de estos viejos sistemas se observan en muchas situaciones. Por ejemplo, una búsqueda en el sistema es muy lento y además, las búsquedas mismas son muy limitadas en lo que pueden hacer. Por otra parte, algunos de estos sistemas usan direcciones de, por ejemplo, cuatro dígitos, como 0301 Grove St., el cual si se alimenta como 301 Grove St. simplemente no lo encuentra. Un error en un dígito en el registro de un empleado puede hacer que el sistema se trabe o se congele. Suena bizarro que esto les esté ocurriendo en los Estados Unidos.
La actualización de los sistemas del gobierno de San Francisco parece ser interminablemente lenta. Después de un proceso de licitación en San Francisco, se otorgaron los contratos a Sapient Corp. y a Carahsoft Technology Corp., quien da las licencias de software de Salesforce. El nuevo sistema, que se espera se complete para el 2022, necesita resolver sus dificultades y estos no se pueden resolver usando la tienda de apps. Y la realidad es que las empresas fuertes en software no parecen interesarse en resolver los problemas mundanos de las funciones que debe ejecutar el gobierno local. Vamos, hay desarrolladores privados que han creado una app que le permite a las personas reportar las heces fecales callejeras en las calles de San Francisco (se llama Snapcrap, aunque usted no lo crea), pero diseñar algo que ayude para pagar por la limpieza en la ciudad parece ser otra historia.
Un par de ejemplos más pueden ilustrar lo que está pasando en los gobiernos de muchas ciudades en los Estados Unidos:
Baltimore
Departamento de policía
Problema: el sistema para guardar y llevar cuenta de los reportes de crímenes tiene más de 20 años, y no es adecuado con el sistema nacional que se usa para reportar incidentes, y para colmo, no se puede ligar a otras bases de datos.
Costo de la actualización: 4 millones de dólares.
Condado Broome, N.Y.
Oficina de servicios de emergencia
problema: doce diferentes sistemas de radio con porciones que datan de los años 1970s impiden el hablar una unidad con otra.
Costo de la actualización: 23 millones de dólares.
Condado de Dallas
Corte
Problema: Software para reemplazar el sistema que lleva cuenta de los casos en la corte empezó en el 2012, pero ha encontrado repetidos retrasos, dejando a los jueces con un sistema por demás ineficiente.
Costo: Más de 30 millones de dólares
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