Riesgos de suplantación de identidad con la Curp biométrica
La aprobación de la reforma que establece la CURP biométrica como identificación oficial en México implica la recolección de datos sensibles, como huellas dactilares e imágenes del iris. Este cambio concentra información personal crítica en una sola base de datos, lo que aumenta la probabilidad de explotación indebida. Al centralizar la información biométrica, se amplía la superficie de ataque para ciberdelincuentes interesados en el robo de identidad.
El presidente del Centro Empresarial del Valle del Fuerte, José Ramos Ortiz, advirtió sobre la posibilidad de suplantación de identidad derivada de este sistema. Señaló que, al tener acceso a datos biométricos y demográficos de todos los ciudadanos, terceros podrían duplicar identidades o acceder a recursos ajenos. Estas prácticas no cuentan con garantías claras de seguridad que impidan filtraciones o usos malintencionados.
Apertura de vulnerabilidades en la protección de datos
La eliminación del Instituto Nacional de Acceso a la Información deja un vacío en la supervisión de la salvaguarda de datos personales. Sin un organismo independiente que verifique el cumplimiento de normas de privacidad, aumentan los riesgos de brechas de seguridad en la transferencia y almacenamiento de información. Esta situación agrava la incertidumbre sobre quién será responsable de garantizar la confidencialidad de la CURP biométrica.
Además, no existe un protocolo público que detalle los mecanismos de cifrado o resguardo de la plataforma gubernamental encargada de la nueva clave única. Al desconocerse los estándares de ciberseguridad aplicados, persiste la amenaza de hackeos o accesos no autorizados. En consecuencia, ciudadanos y organizaciones no tienen forma de evaluar la solidez del sistema ni de exigir mejoras en su protección.
Preocupaciones sobre el mercado negro de datos personales
En el país opera un mercado negro que comercializa bases de datos de particulares y ciudadanos sin consentimiento. Ramos Ortiz mencionó que listas de contactos empresariales y datos masivos ya circulan por correo electrónico y aplicaciones de mensajería. Este intercambio no autorizado ilustra cómo la información personal queda expuesta a intermediarios con intenciones ilícitas.
La existencia de estas redes clandestinas revela deficiencias en el control de acceso a archivos oficiales. Sin regulaciones estrictas ni sanciones efectivas, la filtración de datos personales alimenta actividades ilegales. La venta de información biométrica multiplicaría el valor de estos listados para ciberdelincuentes y estafadores.
Venta y apropiación de bases de datos
Los actores que participan en el comercio ilícito de datos se aprovechan de fugas ocurridas en trámites gubernamentales previos. Según el representante empresarial, la circulación de listados demuestra que ninguna institución está exenta de ser vulnerada. Estas prácticas ponen en jaque la confianza de los ciudadanos en los procesos oficiales de registro.
Al incorporar nuevas características biométricas, el material de mayor valor se suma al inventario del mercado negro. Cada huella dactilar o escaneo de iris representa un activo codiciado por quienes buscan suplantar identidades. La falta de transparencia en la gestión de estas bases de datos empeora el panorama de inseguridad.
Captura de huellas dactilares y análisis del iris
El trámite de la nueva CURP exige la toma de huellas dactilares y la captura de la imagen del iris como método de verificación. Estos datos inicialmente se recogen para garantizar la singularidad de cada registro, pero su acopio centralizado levanta inquietudes. Los ciudadanos no reciben información clara sobre los tratamientos de almacenamiento y eliminación de estos registros.
La repetición de incidentes de hackeo a plataformas de gobierno refuerza la preocupación sobre la integridad de esta base de datos. Al no existir protocolos públicos de auditoría, resulta imposible confirmar si los sistemas cumplen con estándares internacionales. La probabilidad de incidentes de ciberseguridad mantiene en alerta a organizaciones de la sociedad civil y empresas.
Posibles hackeos en la plataforma de registro
Casos previos de accesos no autorizados a sistemas oficiales muestran la vulnerabilidad de las infraestructuras gubernamentales. Ramos Ortiz señaló que ya se han registrado ataques que comprometieron información sensible de usuarios. La falta de un ente regulador con facultades efectivas dificulta el despliegue de mejoras y penas ejemplares para responsables.
La captura de datos biométricos incrementa el valor de la base a proteger, lo que a su vez atrae a grupos dedicados al cibercrimen. Sin directrices claras sobre límites de retención y usos permitidos, crece el peligro de que los registros sirvan para fraudes masivos.
Las autoridades encargadas del proyecto aún no brindan garantías suficientes para descartar escenarios de filtración.
Exención de costos en el trámite de la nueva Clave Única
El líder empresarial también señaló que la expedición de la CURP biométrica no debería generar un costo para los ciudadanos. Al tratarse de un servicio gubernamental, el trámite carece de justificación para aplicar cobros adicionales. Esta exigencia contrasta con prácticas en otras credenciales oficiales que se otorgan sin costo alguno.
La solicitud de la cédula con datos biométricos se presenta como un derecho básico, similar a la expedición gratuita de la credencial para votar. El gravamen podría desalentar la actualización de registros y dejar a sectores vulnerables sin una identificación oficial. La ausencia de tarifas estimularía la inclusión y reduciría la demanda de métodos informales de obtención de la CURP.
Comparación con la credencial de elector
La credencial de elector es un ejemplo de documento gratuito que combina datos personales y fotografía. Ramos Ortiz destacó que este precedente demostraría la viabilidad de ofrecer la CURP sin costo. La experiencia señala que la gratuidad de identificaciones oficiales no incrementa riesgos, siempre que existan mecanismos de seguridad adecuados.
Optar por una política de cero cobros alienta la actualización constante de la base de datos nacional. Además, difumina barreras económicas que dificultan el acceso a servicios públicos. Sin tarifas, la ciudadanía contaría con un incentivo para mantener al día su identidad digital y reduciría la dependencia de emisores privados.
