Plataforma Única de Identidad y Registro Nacional de Población
El Congreso aprobó una modernización de la Ley General de Población que establece una Plataforma Única de Identidad para centralizar datos del padrón nacional. Esta herramienta se conectará directamente con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el Banco Nacional de Datos Forenses, con el fin de agilizar la localización y verificación de individuos.
La creación de este sistema unificado responde a la necesidad de sincronizar múltiples bases de datos oficiales sin generar barreras adicionales en trámites. Se plantea como un paso crítico en la gestión de la población y en la identificación nacional, aunque su obligatoriedad despierta cuestionamientos sobre la seguridad y el control de la información sensible.
Vínculos con registros oficiales
La nueva plataforma interoperará con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas para cruzar datos de carácter forense con la CURP biométrica. Este enlace se espera que reduzca el tiempo de respuesta en búsquedas, pero incrementa la complejidad técnica y los riesgos de filtraciones.
Además, la integración al Banco Nacional de Datos Forenses permitirá acceder a huellas dactilares e informes genéticos en instantes, aunque genera debates sobre los protocolos de privacidad y el alcance de la supervisión estatal.
Datos biométricos obligatorios en la credencial biométrica CURP
La reforma incorpora huellas digitales de todos los dedos de ambas manos en la CURP, elevando la credencial a un instrumento de autenticación biométrica. Este requisito transforma la tradicional Clave Única en un documento con perfil forense.
La inclusión de escaneo de iris, fotografía y firma digital completa el conjunto de datos biométricos, lo que implica una captura multidimensional de la identidad de cada persona. La obligatoriedad de estos elementos genera discusión sobre su proporcionalidad y su uso real en trámites cotidianos.
Captura de huellas y escaneo de iris
El registro requerirá el escaneo de las huellas dactilares de diez dedos, así como del iris de cada ojo. Estas medidas buscan fortalecer la autenticidad del portador, pero al mismo tiempo exponen información altamente sensible a eventuales ataques cibernéticos.
Con la toma de datos en oficinas gubernamentales, se prevé la implementación de equipos especializados que deben cumplir con estándares de seguridad internacionales. El despliegue de estos dispositivos en todo el país será clave para evitar retrasos en la emisión de la CURP.
Fotografía y firma digital
La reforma obliga a capturar una imagen actualizada del rostro con especificaciones técnicas definidas, garantizando la sujeción a modelos de reconocimiento facial. Este método complementa la huella y el iris, añadiendo un nivel adicional de validación.
La firma electrónica se almacenará como un archivo digital cifrado en el RENAPO, lo que posibilita la autenticación remota en trámites. Sin embargo, su uso generalizado plantea interrogantes sobre la robustez de las claves y la posibilidad de suplantación.
Almacenamiento en RENAPO y métodos de comprobación
Toda la información recolectada quedará bajo resguardo del Registro Nacional de Población (RENAPO), donde se aplicarán protocolos de encriptación y acceso restringido. El objetivo es concentrar datos en una base única, reduciendo la dispersión de archivos en distintas instancias gubernamentales.
El sistema de verificación incorpora un código QR impreso en la credencial, diseñado para consultas rápidas en ventanillas de instituciones públicas. Este mecanismo pretende agilizar trámites, aunque su dependencia de dispositivos móviles o lectores especializados representa un reto logístico.
Registro y protección de la información
El RENAPO deberá implementar capas de seguridad digital para evitar vulneraciones masivas. Se estipulan auditorías periódicas y controles de integridad de datos, sin embargo, la eficacia de estas medidas depende de la supervisión constante.
La centralización de datos personales y biométricos ocasiona debates sobre posibles usos no autorizados por parte de instancias estatales o privadas, elevando la discusión sobre los derechos de privacidad de los ciudadanos.
Código QR para trámites oficiales
El código QR contendrá una referencia cifrada al perfil biométrico del titular y facilitará la autenticación instantánea en estaciones de trámite. Su empleo busca reducir tiempos de espera y trámites presenciales, aunque podría generar exclusión tecnológica en zonas con infraestructura limitada.
En operaciones de seguridad y control migratorio, este mecanismo ofrece un registro rápido. No obstante, su implementación técnica requiere capacitación y equipamiento especializado para garantizar su eficacia.
Vigencia de la nueva credencial biométrica CURP y plazos de implementación
Las reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación y detonan un periodo transitorio de hasta 90 días para adecuar los sistemas e instalaciones. Durante este lapso, autoridades y particulares deberán alinear procesos y recursos para la emisión de la nueva CURP biométrica.
Se prevé que la credencial entre en operación efectiva en el segundo semestre de 2025, marcando el inicio del uso obligatorio en trámites federales. Este calendario marca un desafío logístico en estados con menos recursos tecnológicos.
Publicación en el Diario Oficial
La reforma a la Ley General de Población y a la Ley en materia de Desaparición Forzada se oficializó con su inclusión en el Diario Oficial, definiendo fechas clave y responsabilidades de las dependencias. Este acto administrativo da arranque formal al esquema obligatorio de identificación biométrica.
El texto legal detalla las especificaciones técnicas para dispositivos de captura y define sanciones por el incumplimiento en la emisión de la nueva credencial.
Periodo de transición
Durante los tres meses siguientes a la publicación, instancias federales deben adaptar plataformas electrónicas y capacitar al personal en la lectura de datos biométricos. Cualquier retraso podría postergar la obligatoriedad de la CURP renovada.
La vigencia escalonada permite a municipios y estados ajustarse de manera progresiva, aunque la falta de recursos en localidades apartadas podría extender los plazos más allá de lo previsto.
