Captura de responsables por inhumación indebida y uso irregular de restos humanos
Las autoridades de Ciudad Juárez detuvieron a José Luis “A”, propietario del crematorio Plenitud, y a su empleado Facundo “M” por presunta inhumación indebida y uso indebido de cuerpos humanos. El arresto se dio tras una investigación que detectó graves irregularidades en el manejo de restos mortales.
Ambos señalados enfrentan cargos por conducir operaciones fuera del marco legal, al no contar con las licencias ni las condiciones sanitarias necesarias para la incineración y el resguardo de cuerpos.
Operaciones irregulares en servicios de cremación colaborativa
El crematorio Plenitud funcionaba de manera irregular y ofrecía sus servicios a varias funerarias de la región. Durante meses, se recibían cuerpos sin la supervisión adecuada y sin cumplir con los protocolos de traslado y certificado de defunción actualizados.
La falta de regulación provocó que las instalaciones operaran sin inspecciones periódicas ni registros claros de cada proceso de cremación.
Colaboración con funerarias investigadas
Se detectó que Plenitud brindaba servicios a seis funerarias—Luz Divina, Del Carmen, Capillas Protectodoco, Ramírez, Amor Eterno y Latinoamericana—todas bajo investigación por posibles prácticas similares.
Estas empresas aparecen vinculadas al crematorio para la disposición de cuerpos, sin que existan evidencias documentales de procedimientos conformes a la normativa sanitaria vigente.
Condiciones inadecuadas de almacenamiento de restos mortales
En el lugar fueron hallados 383 cuerpos sin cremar, apilados en el patio y en varias habitaciones de la vivienda anexa al crematorio. Las autoridades describieron las condiciones como insalubres y peligrosas.
Cada uno de los restos portaba un acta de defunción, pero algunos documentos registraban fechas de defunción de hasta cuatro años atrás, sin que se justificara el retraso en la incineración.
Reubicación temporal de cuerpos en cámaras refrigeradas
Tras la intervención, los cuerpos fueron trasladados a cámaras refrigeradas habilitadas por las autoridades, con el fin de preservar su estado mientras se determina el destino final de cada cadáver.
Personal forense y de salud pública revisa ahora la documentación correspondiente y evalúa la viabilidad de entrega a las funerarias o la realización de procesos de cremación en instalaciones autorizadas.
