Restricción de ciudadanía y propuesta de deportación de infantes
El senador Markwayne Mullin planteó la idea de deportar a los bebés de familias migrantes junto con sus padres como medida para limitar la obtención de ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Según su argumento, esta acción serviría para desalentar el flujo migratorio irregular y reducir el número de infantes que adquieren automáticamente la nacionalidad estadounidense.
La iniciativa presenta un enfoque inédito al pretender aplicar la deportación colectiva también a menores nacidos dentro del territorio nacional, basándose en la premisa de que su estatus legal estaría condicionado al de sus progenitores. Con ello, se busca introducir un cambio en la interpretación de la Enmienda XIV de la Constitución.
Implicaciones constitucionales de la expulsión de bebés en Estados Unidos
La ciudadanía por nacimiento, garantizada en la Enmienda XIV, ha sido pilar de la jurisprudencia del Tribunal Supremo desde finales del siglo XIX. Cualquier intento de deportar a un ciudadano nacido en el país choca directamente con la protección constitucional que asegura la nacionalidad a quienes nazcan en territorio estadounidense.
Especialistas en derecho constitucional advierten que la medida podría generar litigios prolongados y tensar la relación con organismos internacionales encargados de vigilar el respeto a los derechos de la infancia. Asimismo, señalan riesgos de discriminación y de vulneración del principio de igualdad ante la ley.
Críticas y objeciones a la medida de deportar a menores migrantes
Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que la deportación de bebés contradice estándares internacionales sobre protección infantil, incluidos convenios que establecen la prioridad del interés superior del menor. También consideran que la propuesta desatiende las necesidades médicas y psicológicas de estos infantes.
Grupos de abogados y asociaciones civiles subrayan que forzar la salida de ciudadanos recién nacidos podría marcar un precedente negativo, amenazando a otras poblaciones vulnerables y debatiendo el alcance real de las facultades ejecutivas en materia migratoria.
Posturas de organizaciones de derechos humanos
Amnistía Internacional y otras agrupaciones han señalado que la deportación de menores nace de una visión punitiva que ignora obligaciones internacionales. Estas entidades insisten en que los niños no deben ser responsabilizados por el estatus migratorio de sus padres.
Los defensores de los derechos de la infancia recalcan que cualquier norma que socave la seguridad jurídica de los menores podría dar pie a separaciones familiares y condiciones de vida inadecuadas en territorios de destino.
Aspectos políticos y debate legislativo
En el ámbito Legislativo, algunos sectores respaldan la propuesta como parte de una estrategia más amplia de control migratorio, mientras que otros la consideran impracticable y contraria a la Constitución. Esto ha generado intercambios de mociones y proyectos alternativos sobre reforma migratoria.
La discusión refleja la división entre posturas más restrictivas y enfoques que priorizan la garantía de derechos fundamentales, sin que hasta el momento exista consenso sobre una reforma que articule ambos planteamientos.
