Amparo colectivo y Reforma al Poder Judicial
En febrero de 2025, un grupo de aproximadamente 850 jueces y ciudadanos presentó un amparo colectivo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar la Reforma al Poder Judicial. El recurso colectivo buscaba que se declarara inconstitucional la modificación normativa que, según los promoventes, atentaba contra la Independencia judicial.
Los solicitantes argumentaron que la Corte desatendió su petición al remitirla indebidamente a la Primera Sala, en lugar de al Pleno, lo cual, afirmaron, vulneró el procedimiento legal y limitó la posibilidad de sustanciación plena del asunto.
Presentación y remisión del recurso ante la SCJN
La demanda de inconstitucionalidad fue registrada en el archivo de la Corte con fecha de ingreso en la Secretaría General de Acuerdos. Posteriormente, en lugar de asignarse al Pleno, se envió al órgano jurisdiccional de Sala Primera.
El 11 de junio, la Primera Sala rechazó el recurso sin dictar la sustanciación de la orden. Los promoventes sostienen que, al negar el trámite, la Corte omitió deliberadamente su deber constitucional de analizar a fondo la reforma judicial.
Rechazo unánime en la Primera Sala de la SCJN
La Primera Sala resolvió de manera unánime desestimar el amparo colectivo el mismo día de su análisis. No se documentaron los supuestos motivos técnicos ni jurídicos que fundamentaron la negativa a procesar la petición.
Este rechazo inmediato suscitó cuestionamientos sobre la imparcialidad y la rigurosidad del procedimiento, pues la Reforma al Poder Judicial ya había sido objeto de diversas impugnaciones previas en otras instancias.
Fundamentos del desenlace judicial
En su acuerdo, la Sala Primera se limitó a señalar la improcedencia del recurso aduciendo falta de materia, sin entrar a examinar los argumentos de fondo relacionados con la presunta vulneración a la división de poderes.
Los opositores al cambio normativo denunciaron que tal enfoque evidenció una renuncia a las obligaciones constitucionales y un trato superficial de la reforma judicial.
Acusaciones de omisión deliberada e incumplimiento constitucional
Los promoventes acusaron a los ministros de omisión deliberada y de renunciar a su deber de defender el marco legal, calificado como violación constitucional. Añadieron que este comportamiento socava la confianza en el órgano jurisdiccional.
Asimismo, advirtieron que el trámite exprés y la falta de sustanciación constituyen, a su juicio, una traición a la sociedad en una de las etapas más críticas de la vida democrática en México.
Señalamientos críticos contra los ministros
En su escrito, los quejosos mencionaron que la negligencia intencionada de la Primera Sala resultó en un incumplimiento de las garantías de acceso a la justicia y de la protección de derechos fundamentales.
El grupo consideró que la falta de un debate sustantivo sobre la constitucionalidad de la reforma revela un desprecio por la rendición de cuentas y la transparencia en el proceso judicial.
