Cooperación judicial y procesos de extradición
Durante su visita oficial a Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre un posible pacto legal entre Ovidio Guzmán López y el gobierno de Estados Unidos. Respondió que se trata de un asunto estrictamente judicial, a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Departamento de Justicia de EE. UU., en el marco de los tratados internacionales de extradición.
[newsletter_form]La mandataria calificó como “irrespetuosas de la institución presidencial” las declaraciones del abogado de Guzmán López y negó cualquier convenio judicial o complicidad con grupos delictivos. Aseguró que será la propia FGR la responsable de emitir un comunicado oficial para aclarar los detalles legales de este procedimiento, sin intervención directa del Ejecutivo.
Visita oficial a Sinaloa y estrategia de proximidad federal
La presencia de la presidenta en Sinaloa forma parte de una estrategia nacional de cercanía con las entidades que enfrentan problemáticas como la sequía y la inseguridad. Señaló que su itinerario no guarda relación con el caso de extradición, sino con la supervisión de programas federales diseñados para atender emergencias y fortalecer la gobernabilidad local.
Durante la gira se revisaron avances en el despliegue de recursos para combatir la escasez de agua y mejorar la seguridad comunitaria. Se insistió en la coordinación estrecha entre autoridades estatales y federales para garantizar una ejecución eficiente de las acciones y prevenir riesgos asociados a la violencia y al cambio climático.
Seguimiento a programas de salud y bienestar comunitario
En el marco de esta estrategia de proximidad, la presidenta supervisó personalmente los programas del IMSS Bienestar, orientados a llevar servicios médicos a zonas rurales con déficit de atención. La revisión incluyó el estado de la infraestructura, el abasto de medicamentos y la distribución de personal en clínicas y unidades móviles de salud.
Se enfatizó la operatividad de campañas de prevención y brigadas médicas sin relación alguna con los procesos de extradición o convenios internacionales de carácter penal. El gobierno federal subrayó que las acciones de salud se mantienen independientes y enfocadas en el bienestar de la población.
