Investigación y Operativa de Tráfico de Personas Migrantes
Identificación de la Red Criminal
En julio de 2024 se detectó una estructura dedicada al tráfico y secuestro de migrantes en los estados de Sinaloa y Sonora. La organización retenía a las personas en territorio mexicano antes de su ingreso a Estados Unidos, según el avance de las pesquisas.
La denuncia inicial permitió enfocar esfuerzos en zonas de mayor actividad, lo que derivó en la localización de rutas y puntos de retención. Se consideró que la red operaba con recursos logísticos para el traslado ilegal y la coacción de los afectados.
Técnicas de Indagación de la PFM y AIC
Derivado de las pesquisas de la Policía Federal Ministerial (PFM) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se aplicaron métodos de análisis de comunicaciones y seguimientos en campo. Estas técnicas facilitaron rastrear el movimiento y los contactos de los presuntos responsables.
Gracias a la combinación de vigilancia discreta y cruce de datos, se logró identificar a Inés “E” y Edwin “E” como posibles coordinadores de la red. Los indicios apuntaron a que ambos participaban en la logística de traslado y custodia de los migrantes.
Proceso Judicial por Delincuencia Organizada y Tráfico de Personas
Aprehensión en Guamúchil, Sinaloa
Los agentes federales detuvieron a Inés “E” y Edwin “E” en Guamúchil, Sinaloa, tras acreditar indicios de su participación en la banda de trata de personas. El arresto se realizó con base en órdenes de cateo y seguimiento autorizado por un juez de control.
Durante la aprehensión se aseguraron documentos y dispositivos electrónicos que, en opinión del Ministerio Público Federal, contenían información sobre la red de trata y las rutas utilizadas para el traslado de migrantes.
Vinculación a Proceso y Medidas Cautelares
La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo del juez del Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo la vinculación a proceso por el delito de delincuencia organizada con fines de tráfico de personas. El auto de vinculación consideró la presunta responsabilidad de los acusados en la estructura criminal.
El Ministerio Público Federal presentó datos de prueba que el juez estimó suficientes para imponer prisión preventiva justificada. Además, decretó un plazo de investigación complementaria de cuatro meses para profundizar en la integración del expediente.
