Mazatlán, Sinaloa.— Un trabajador del ayuntamiento corrió a una persona indigente que estaba en la banqueta exterior del Mercado Juan Carrasco, situación que generó indignación pública y dividió opiniones entre comerciantes y transeúntes sobre el trato y la ocupación del espacio peatonal.
Puntos clave
- Un trabajador municipal retiró a una persona en situación de calle de la banqueta frente al Mercado Juan Carrasco.
- La persona indigente tenía varios objetos que, según testigos, obstruían la zona peatonal y la entrada a un local.
- La acción provocó reacciones encontradas; algunos la calificaron de necesaria, otros de excesiva y cruel.
- No se registró en la fuente una respuesta oficial del Ayuntamiento sobre el incidente.
Hechos en el Mercado Juan Carrasco, Mazatlán
Testigos relataron que el trabajador del ayuntamiento se acercó a la banqueta del mercado y obligó a la persona a retirarse del lugar. La intervención concluyó con la salida de la persona indigente de la acera exterior del local comercial.
Según la versión difundida, la persona en situación de calle tenía «cachivaches» personal que ocupaban el paso peatonal y la entrada de un negocio contiguo, lo que dificultaba la circulación de clientes y peatones. La fuente no detalla el tipo exacto de pertenencias ni su cuantía.
reacciones entre comerciantes y transeúntes
Comerciantes y transeúntes se dividieron al comentar el episodio. Algunos usuarios señalaron que retirar los objetos devolvía el paso peatonal y facilitaba el acceso a los locales.
Otras personas criticaron la forma en que se actuó y calificaron el procedimiento como excesivamente duro contra una persona en situación vulnerable. La discusión refleja tensión entre la necesidad de mantener el espacio público libre y el trato a quienes viven en la vía pública.
Espacio público y responsabilidades municipales
El incidente pone en la agenda la gestión del espacio público en zonas comerciales y la convivencia con personas en situación de calle. La fuente no incluye información sobre protocolos municipales aplicados ni si hubo seguimiento institucional después del hecho.
Sin confirmación oficial, el caso plantea preguntas sobre alternativas al desalojo inmediato, como servicios sociales o mecanismos de atención. La falta de datos sobre medidas posteriores limita la verificación de acciones por parte del Ayuntamiento.
