Operativos viales y abuso de autoridad
La presencia de operativos viales en diversas zonas de Mazatlán ha sufrido un incremento notable en las últimas semanas. Estos retenes instalados por agentes de tránsito son señalados como un ejercicio arbitrario de la autoridad, orientado más a la recaudación de fondos que a la prevención de accidentes o delitos.
La instalación de filtros sorpresa y puntos de control rutinarios ha elevado la cantidad de sanciones aplicadas, sin que se observe un plan coordinado de seguridad vial. La falta de transparencia en criterios de ubicación y horarios refuerza la percepción de un cobro excesivo a ciudadanos y conductores.
Registro ilegal de credenciales y violación de datos personales
En varios operativos, los oficiales han fotografiado la credencial de elector de los conductores detenidos, acción que implica la captura de información privada sin autorización explícita. Esta práctica es criticada por vulnerar la ley de protección de datos personales y exponer a los ciudadanos a posibles usos indebidos de su información.
La retención de imágenes de documentos oficiales sin justificación jurídica convierte el filtro en un mecanismo de control excesivo. La ausencia de protocolos claros para el manejo y resguardo de estas fotografías agrava el riesgo de filtración y uso no autorizado.
Extorsión y recaudación en filtros de tránsito
Maribel Chollet, regidora del PRI en el Ayuntamiento de Mazatlán, ha deslizado que estos retenes funcionan como mecanismos de extorsión a la ciudadanía. Según sus señalamientos, el objetivo real es obtener recursos mediante multas y “arreglos” informales, en lugar de garantizar el cumplimiento de normas de tránsito.
La percepción de chantaje se intensifica cuando se detiene a trabajadores informales sin motivo aparente. Estas detenciones arbitrarias generan desconfianza y abonan a un ambiente de opacidad, puesto que no existe un registro público de los criterios que utilizan los oficiales para detener vehículos.
Solicitud de revisión de protocolos viales
La petición de revisar los protocolos de instalación y operación de los filtros ha sido canalizada hacia las áreas competentes del ayuntamiento. Se demanda que se especifiquen los marcos legales y operativos que justifican cada punto de control, así como los criterios de selección de unidades y personas a revisar.
Además, se reclama la implementación de un mecanismo de supervisión independiente que audite las actividades de los agentes de tránsito. La finalidad es asegurar que los retenes cumplan con sus fines de seguridad y no se conviertan en un instrumento de coacción económica.
