Por la vía legislativa se prevee regular las redes sociales, y es que reconocen el poder que tiene, menciona Ricardo Monreal.
Las redes sociales son un fenómeno masivo a nivel global. Para su regulación, se deben hacer consideraciones informáticas, políticas, económicas, sociales y culturales; en caso contrario, el caos seguirá creciendo. Les comparto algunas reflexiones. https://t.co/RLZwxF8UKs
— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 29, 2021
En una publicación de Monreal podemos leer lo siguiente:
«Hechos recientes, como la decisión humana y no automatizada de bloquear las cuentas del entonces presidente Donald Trump o la de eliminar cuentas identificadas como afines al presidente Andrés Manuel López Obrador, han elevado el nivel de debate en torno al tema tanto en México como en Estados Unidos.»
«Suspender al presidente Trump a sólo unos días de que terminara su mandato, cuando había utilizado tanto Twitter como Facebook durante cuatro años para mandar mensajes que eran igual de censurables, levantó suspicacias sobre la temporalidad y, por lo tanto, de la objetividad de la decisión. La cancelación de cuentas de Twitter que apoyan al actual gobierno de México, pero no a aquellas que lanzan mensajes de odio al presidente, pone en entredicho la aplicación igualitaria de los términos y las condiciones de esa empresa.»
«Hoy existe consenso respecto a que cualquier algoritmo de automatización tiene un sesgo de entrada, que se origina en su diseño, y que además la automatización ha fallado en algunas ocasiones; el caso del profesor francés es un ejemplo, pero también la publicación del video de la matanza en Nueva Zelanda que permaneció publicada en las redes sociales durante varias horas son casos que muestran la necesidad de ir más allá de la autorregulación. A esto se suma que, en momentos críticos, como lo sucedido en Estados Unidos, existe un componente humano que en el caso de las redes sociales decide qué censurar y qué no, algo que claramente puede ir en contra de la protección que los Estados tienen que brindar al derecho humano de la libertad de expresión»
El derecho humano a la información no puede ser vulnerado por organismo privado alguno. El Poder Legislativo debe otorgarle a la población un marco jurídico que proteja sus garantías y evite los excesos. https://t.co/kcIsCfDeOi
— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 31, 2021
Las empresas privadas no deberían de censurar algo de competencia del orden público, que por consecuencia le pertenece a gobiernos.
En el comunicado de Monreal podemos seguir leyendo lo siguiente:
El argumento en contra de regular públicamente las redes sociales es que se trata de empresas privadas cuyas personas usuarias aceptan los términos y condiciones, y por lo tanto las empresas tienen el derecho de actuar conforme a esos lineamientos. Sin embargo, el servicio que brindan no solamente se otorga a través de infraestructura pública, sino que está comprobado que la falta de una regulación efectiva tiene consecuencias en el orden público, lo cual es enteramente competencia de los gobiernos.
Cuando un Estado violenta el derecho a la libertad de expresión, existen mecanismos que permiten a la ciudadanía defenderse de tales abusos; en México, por ejemplo, tenemos el juicio de amparo. Pero la efectividad de estos mecanismos frente a una empresa privada es nula, por lo que, si una ciudadana o un ciudadano es censurado en una red social o si es ignorado por la misma, al denunciar un daño a su persona no existe mecanismo que pueda proteger su integridad. ¿Cuál puede ser un mecanismo para que esto no suceda? Ése será un punto neurálgico en el debate.
Un segundo punto es cómo mejorar la transparencia de las empresas de las redes sociales. Los algoritmos que desarrollan son parte de su modelo de negocios; en ellos basan qué materiales se borran y cuáles no, y qué productos de venta verá cada persona usuaria en la pantalla, algo que necesariamente nos lleva a otro tema de debate que por sí mismo debe ser explorado: la protección de los datos personales de las personas. La utilización de esa información para inducir compras o las potenciales filtraciones de datos —como sucedió durante la elección presidencial de 2016 en Estados Unidos o con el Brexit en el Reino Unido— obliga a que los Estados nación propongan mecanismos de protección a la integridad de sus sociedades.
Sólo para poner en perspectiva la importancia de los datos, de los 1.9 trillones de dólares del valor de mercado de la compañía que es propietaria de Google y de Facebook, 1.4 provienen de los datos que recaban de las personas usuarias. Se trata de ganancias altísimas, muchas de las cuales no son reportadas en los países donde están las y los usuarios y, por lo tanto, no generan ninguna ganancia para esos territorios. México, como muestra la Gráfica 2, es un mercado muy amplio para las grandes redes sociales, pero aun así, la riqueza que generan a partir del mismo difícilmente es gravable, pues las empresas están constituidas en otro país. En este sentido, otra vertiente de la regulación necesaria tiene que ver con la protección de datos, tal como se ha hecho en la Unión Europea con la Ley General de Protección de Datos o en California con la Ley de Privacidad del Consumidor.
Finalmente, se debe enfatizar que, aunque se trate de negocios privados, el derecho humano a la libertad de expresión está sustentado en el derecho internacional y en las constituciones nacionales y, por lo tanto, ninguna persona debería ser censurada por expresar su forma de pensar, mucho menos si esta medida no es aplicada de manera homogénea o con apego a un procedimiento claro.
Quienes dirigen compañías de redes sociales, como Mark Zuckerberg, de Facebook, y Jack Dorsey, de Twitter, han afirmado que sus empresas siempre buscarán proteger la libertad de expresión, lo cual se ha limitado a la implementación de procesos de automatización, que no han sido totalmente efectivos para acabar con los discursos de odio.
Por otro lado, también han sido suspendidas cuentas consideradas como ofensivas, pero no se han aplicado las mismas medidas de manera homogénea, demostrando así la existencia de criterios subjetivos que necesariamente tienen un sesgo personal al momento de censurar a alguien. Eso no puede seguir sucediendo.
Se trata de grandes negocios que critican la cerrazón de China o la fuerte regulación de Singapur, las cuales les impiden ofrecer allí sus servicios. Es necesario no caer en esos extremos, pero tampoco podemos seguir en el lado contrario: en la total inacción.
El problema sólo se volverá más complejo mientras más tiempo pase, por eso, el debate sobre la regulación a las redes sociales es ya impostergable, pues actualmente la autorregulación ha generado una especie de caos difícil de entender. Es momento de acabar con esa situación, para darle paso al orden, algo que convendría tanto a las empresas de redes sociales como a las sociedades de cada país.
