Demanda contra HHS y DHS por transferencia de datos de Medicaid
Veinte fiscales generales estatales, liderados por el de California, presentaron un pleito ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California. En esa acción legal se impugna la cesión de registros médicos personales de beneficiarios de Medicaid y del Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Los demandantes sostienen que esa transferencia de información a Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contraviene los límites establecidos por la Ley de Medicaid, que autoriza compartir datos únicamente en escenarios relacionados con la salud pública y no con fines de control migratorio.
Argumentos legales sobre privacidad de datos y cumplimiento normativo
Violación de la Ley de Medicaid y uso indebido de expedientes médicos
La demanda argumenta que la normativa de Medicaid prohíbe expresamente la difusión de datos clínicos fuera de los supuestos estrictamente vinculados a la atención sanitaria. Al remitir expedientes médicos al DHS, se transgrede ese marco legal y se pone en riesgo la confidencialidad de los beneficiarios.
Según los fiscales estatales, el intercambio para fines de vigilancia migratoria carece de autorización explícita en la legislación federal, lo que convierte el acto administrativo en una conducta arbitraria e ilegal.
Alcance limitado de la compartición de información según la legislación
Los demandantes puntualizan que la Ley de Medicaid permite el intercambio de datos cuando hay epidemias o emergencias sanitarias, pero no contempla la transferencia con objetivos de seguridad nacional o migratorios. Esa distinción es clave para determinar si la acción de HHS y DHS se ajusta al propósito original del programa.
El litigio subraya que, de permitirse ese mecanismo de envío, se sentaría un precedente que podría habilitar futuros cruces de información sensibles sin salvaguardas adecuadas.
Involucramiento de los fiscales generales estatales en el litigio colectivo
A la demanda se adhirieron fiscales generales de 20 estados, entre los que figuran Connecticut, Arizona, Colorado, Illinois, Massachusetts y Nueva York. Esta coalición busca reforzar la interpretación rigurosa de los límites legales para el uso de datos de salud.
La coordinación entre las distintas oficinas estatales resalta la preocupación compartida sobre el posible uso de registros de Medicaid como una herramienta de política migratoria en lugar de un instrumento de protección de la salud pública.
Solicitudes clave al tribunal para frenar la cesión de datos
El texto de la demanda plantea medidas cautelares concretas: detener toda transferencia adicional de datos y prohibir al DHS el uso de la información obtenida para procesos de control migratorio. Estas solicitudes buscan una orden judicial que restablezca los límites legales de compartición.
Los fiscales estatales requieren que el tribunal evalúe la legalidad del acto administrativo y emita una resolución que impida la continuación del envío de registros médicos hasta que se determine su adecuación a la Ley de Medicaid.
