El Instituto Nacional Electoral (INE) ha decidido tomar medidas en relación con la presencia de los populares ‘Amlitos’ y ‘Pejeluches’ en los actos de campaña política. Durante una sesión extraordinaria del Consejo General, se determinó que estos muñecos, que pueden incluir el logotipo del partido Morena, podrían generar un beneficio para los candidatos.
El partido consultó a la autoridad electoral si la venta de estos objetos, realizada por particulares, podría generar algún tipo de ventaja para sus candidatos. Después de un análisis detallado, el INE concluyó que efectivamente los candidatos podrían beneficiarse de estos elementos, por lo que se llegó a una votación unánime para tomar acciones al respecto.
Como resultado de la votación, se resolvió que Morena deberá «deslindarse respecto de esta conducta» y proporcionar a la autoridad fiscalizadora la documentación necesaria para demostrar que se tomaron acciones para detener esta práctica. La Unidad Técnica de Fiscalización verificará la presencia de ‘Amlitos’ y ‘Pejeluches’ en actos de campaña y determinará si el partido los registró como parte de su propaganda oficial. En caso contrario, estos muñecos serán sumados a los gastos de campaña.
‘Alito’ Moreno, líder de Morena, descarta que los predios cateados en Campeche, en julio del 2022, sean de su propiedad. Por su parte, la consejera Claudia Zavala señaló que aunque estos objetos pueden generar ventajas en el posicionamiento de los candidatos, el control de su venta sale de la esfera del partido político.
El consejero Jaime Rivera enfatizó que la decisión del INE no busca prohibir la venta de los ‘Amlitos’ ni ‘Pejeluches’, sino regular su uso durante las campañas. Sin embargo, el representante suplente de Morena, Euripides Flores, se mostró inconforme con la medida y planteó preocupaciones sobre el alcance de esta regulación.
En otra decisión, el Consejo General del INE aprobó monitorear y fiscalizar la propaganda realizada por las corcholatas de Morena y cualquier acto político previo al inicio de las precampañas electorales. El proyecto establece que las áreas fiscalizadoras locales y federales compartirán información sobre estos actos y propaganda para garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas.
