El régimen de Miguel Díaz-Canel en Cuba ha respondido con retraso a las acusaciones de trabajo forzoso realizadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según informó la ONG Prisoners Defenders en su más reciente reporte.
El pasado 2 de enero, la ONU hizo pública una carta acusatoria enviada al gobierno cubano, señalándolo por presuntas violaciones de derechos humanos relacionadas con personal médico y otros profesionales que participan en misiones de internacionalización. La Relatoría Especial sobre Esclavitud de la ONU detalló preocupaciones sobre abusos a los derechos fundamentales, como la libertad de circulación, intimidad, libertad de expresión y asociación de los profesionales cubanos en misiones temporales en el extranjero.
La respuesta del gobierno cubano, recibida con un retraso de 20 días sobre el plazo establecido por la ONU, no abordó específicamente las acusaciones concretas ni proporcionó evidencia de contratos laborales. Admitió que aquellos que viajan para cumplir tareas en el extranjero deben regresar a Cuba o enfrentar «otra situación migratoria», exponiéndose a penas de hasta ocho años de prisión según la legislación cubana.
La acusación de trabajo forzoso se centra en la exportación de personal profesional especializado, especialmente en el ámbito de la salud, que constituye la principal fuente de ingresos para el gobierno cubano. La respuesta oficial del gobierno sostuvo que su actuar es lícito, haciendo referencia al artículo 16 de la Constitución de la República de Cuba.
La falta de una respuesta detallada y la confirmación de que los trabajadores deben regresar a Cuba o enfrentar consecuencias legales plantean interrogantes sobre las prácticas laborales y migratorias del gobierno cubano en misiones internacionales. La situación sigue generando preocupación y críticas por parte de diversas organizaciones internacionales y defensores de los derechos humanos.
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