Sentencia judicial y montos asignados a los acusados
La jueza de la corte civil de Miami determinó una condena económica contra el exsecretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra. Este fallo civil establece un pago conjunto que supera los 2 400 millones de dólares.
García Luna fue condenado a abonar 748 millones de dólares, mientras que a Pereyra se le asignó una responsabilidad patrimonial de 1 740 millones. La cifra responde a la valoración de bienes y capitales obtenidos mediante un esquema considerado ilegal.
La decisión judicial apunta a recuperar activos adquiridos con recursos que, según la demanda, se sustrajeron del erario mexicano. El tribunal busca revertir las operaciones de lavado de dinero ejecutadas en Estados Unidos.
Distribución de pagos y responsabilidad individual
Cada parte involucrada debe cubrir su fracción correspondiente del monto global determinado por la jueza Lisa Walsh. Este desglosado refleja la imputación directa de responsabilidad en las actividades financieras irregulares.
Los 748 millones atribuibles a García Luna responden a contratos públicos gestionados bajo su dirección, mientras que los 1 740 millones de Pereyra se basan en la transferencia de bienes a nombre de su núcleo familiar.
Proceso legal y demanda civil en Miami-Dade
La demanda civil se presentó el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial de Miami-Dade. El procedimiento se orienta a recobrar los valores considerados producto de corrupción y lavado de activos.
El caso se sustenta en las pruebas aportadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de México, que documentó la ruta de los fondos desde erario público hasta inversiones inmobiliarias en Florida.
Antecedentes de la presentación de la demanda
La UIF incluyó en diciembre de 2019 a los acusados en la Lista de Personas Bloqueadas por su presunta participación en delitos financieros. El señalamiento previo sirvió como fundamento para iniciar la acción civil.
El objetivo central de la demanda es incautar activos por medio de medidas cautelares, impidiendo que se disponga de propiedades y recursos vinculados al presunto esquema de sobornos.
Esquema de contrataciones ilícitas y lavado de activos
Según la investigación de la UIF, un conglomerado familiar obtuvo 30 contratos públicos por un valor de 745.9 millones de dólares durante la gestión de García Luna. Estos contratos habrían servido de base para el desvío de recursos.
Los pagos se canalizaron luego a cuentas en paraísos fiscales, donde se blanquearon los fondos para adquirir bienes inmuebles y vehículos de lujo en territorio estadounidense.
Operaciones financieras y paraísos fiscales
Los movimientos de dinero documentados muestran transferencias sucesivas entre entidades offshore con el fin de ocultar el origen ilícito de los fondos. Este patrón es típico en esquemas de lavado a gran escala.
La investigación señala que las rutas incluyeron jurisdicciones con poca transparencia fiscal, facilitando la compra de activos sin un rastreo claro de los beneficiarios finales.
Implicaciones para los mecanismos anticorrupción
Este caso pone a prueba las herramientas legales para combatir el lavado de dinero y la corrupción transnacional. El fallo civil representa un precedente en la recuperación de recursos desviados del erario.
La acción judicial en Estados Unidos ejemplifica la cooperación entre autoridades de ambos países, empleando la vía civil para sancionar actos de corrupción y reforzar los controles financieros.
