Intervención del ejército mexicano en Campo Morelia
Elementos del ejército mexicano realizaron un operativo de reconocimiento terrestre en el poblado Campo Morelia, ubicado en las inmediaciones de Culiacán, Sinaloa. Durante los recorridos, detectaron dos camionetas cuyos ocupantes presentaron una actitud evasiva al percatarse de la presencia militar.
[newsletter_form]Al intentar darse a la fuga, los cuatro ocupantes fueron interceptados por las tropas, lo que derivó en su detención inmediata. Los militares procedieron a asegurar el área antes de verificar el contenido de los vehículos y el equipo que portaban los civiles.
Armas incautadas por el ejército mexicano
En el registro de los automotores y los detenidos, se localizó un fusil Barrett calibre .50 acompañado de su cargador abastecido con munición útil, tres fusiles AK-47 calibre 7.62 x 39 mm con cargadores llenos, así como dos fusiles tipo M4 calibre 5.56 x 39 mm con sus respectivos cargadores.
Además del armamento largo, se incautaron cargadores adicionales para fusil, cuatro chalecos tácticos provistos de placas balísticas y siete cascos balísticos tipo Kevlar. El aseguramiento incluyó tanto el material bélico como el equipo de protección personal.
Detención de los presuntos responsables
La detención de los cuatro civiles armados se llevó a cabo sin que se reportaran enfrentamientos abiertos. Una vez reducidos, los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para el inicio de las indagatorias.
Las tropas realizaron un control de zona para garantizar que no existieran más elementos relacionados con la actividad armada. Posteriormente, se procedió al traslado de los asegurados y el material incautado a instalaciones militares.
Procedimiento de aseguramiento
Tras la detención, los militares realizaron un inventario detallado de las armas, cargadores y equipo táctico. Cada uno de los objetos fue marcado y embalado conforme a los protocolos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Con el reporte de hallazgo integrado, se remitió a la fiscalía local la evidencia que sustenta la probable comisión de delitos contra la seguridad nacional. El proceso de custodia permanece en manos de las autoridades competentes.
