Irregularidades en la Cuenta Pública 2023 y Auditoría Financiera Detallada
En la tercera entrega de la Cuenta Pública 2023 se identificaron irregularidades que superan los 51 mil millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación observó discrepancias importantes en el quinto año de gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, evidenciadas en las tres cuentas públicas de este ejercicio fiscal.
El informe de la auditoría resalta que el último reporte presentó un monto por aclarar superior a 48 mil millones de pesos, cifra que se incrementó gracias a la optimización en los procedimientos de auditoría y la integración de nuevas tecnologías de la información e inteligencia artificial. Estos avances permitieron detectar con mayor precisión las inconsistencias financieras en la administración pública.
Detalle de Montos Aclarar y Procedimientos de Auditoría Forense
El consolidado de la auditoría señala un monto de 43,206 millones de pesos por aclarar en el proceso de seguimiento, mientras se recuperaron 930 millones de pesos. Este balance ilustra el alcance de los procedimientos de revisión y la importancia de mantener controles precisos en el sector público federal.
Asimismo, en la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero se determinó otro monto por aclarar que supera los 8,599 millones de pesos. Más del 80% de dicha cifra está relacionada con entes como Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), IMSS, Pemex y Fonatur, lo que evidencia la necesidad de una supervisión más rigurosa en áreas tradicionalmente poco examinadas.
Proceso de Fiscalización y Seguimiento en Entes Públicos
Por primera vez se realizaron auditorías forenses sobre diversas entidades que historicamente no eran objeto de revisiones tan profundas, identificándose 29 auditorías forenses que arrojaron un monto por aclarar de más de 6,700 millones de pesos. Este avance en la metodología de auditoría resalta la importancia de la precisión en el análisis financiero de organismos públicos.
De manera objetiva, todos los resultados con posible daño patrimonial pasarán a una segunda etapa de fiscalización en la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación. Esta fase permitirá aclarar observaciones o, de lo contrario, iniciar investigaciones, denuncias penales y procedimientos resarcitorios contra los funcionarios involucrados.
