Proceso penal y discrepancias en la administración municipal
El ex alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, junto con el ex tesorero Jesús Javier Alarcón Lizárraga, enfrentarían un proceso penal por la supuesta compra irregular de vehículos durante el Día de las Madres de 2022. La operación se realizó a través de una adjudicación directa, sin abrir el proceso de concurso a tres proveedores, lo cual contraviene la normativa vigente.
La adquisición de estos bienes se enmarca en un presunto desempeño irregular de la función pública, situación que ha motivado investigaciones sobre el correcto manejo de los recursos municipales. La ausencia de un concurso formal genera cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia en la gestión de estos actos administrativos.
Antecedentes del procedimiento judicial y medidas adoptadas
El procedimiento penal deriva de las evidencias presentadas en contra de los ex funcionarios, quienes argumentan su disposición para reparar la supuesta omisión. Las investigaciones se han enfocado en verificar el proceso de adjudicación y en determinar posibles irregularidades en la ejecución de la compra.
Dentro del marco del litigio, las autoridades han analizado las normas que rigen las contrataciones públicas, lo que ha llevado a establecer comparaciones entre los procesos habituales y el método empleado en esta operación. La investigación se ha sustanciado en el análisis detallado de los mecanismos de adquisición y en la verificación de cumplimiento de la ley.
Detalles de la adquisición irregular y evaluación de bienes involucrados
En la operación se incluyeron siete vehículos: dos automóviles Dodge Attitude y cinco motocicletas de la marca Italika. Cada automóvil se valoró en 238,300 pesos, mientras que las motocicletas se distribuyeron en dos unidades con un costo de 20,899 pesos cada una y tres unidades con un valor de 18,990 pesos cada una.
El costo total de la operación asciende a 575,368 pesos, una cifra que ha sido evaluada para determinar la magnitud del presunto incumplimiento a la normativa de adquisiciones. La suma total involucrada ha permitido analizar la distribución de los bienes y su congruencia con los procedimientos de contratación administrativa.
Análisis económico y criterios de adjudicación
La determinación del valor de los vehículos se realizó en base a criterios de mercado y evaluaciones internas, lo que ha generado dudas en el marco de un procedimiento que debía garantizar la transparencia. Los montos asignados a cada vehículo y motocicleta han sido objeto de revisión para corroborar su corrección en el contexto del proceso.
La falta de un concurso formal entre tres proveedores ha sido señalada como la causa principal de las irregularidades, ya que este mecanismo es el que usualmente asegura la competitividad y el mejor uso de los recursos públicos. Las cifras expuestas se han utilizado para poner en evidencia las deficiencias en el manejo del proceso de adjudicación.
Medidas judiciales y suspensión condicional aplicada al caso
Para dar fin al litigio que ya se extiende por casi dos años, los exfuncionarios han propuesto una suspensión condicional del proceso penal, comprometiéndose a cubrir la totalidad del costo de los vehículos involucrados. Esta iniciativa se enmarca dentro de las herramientas legales para saldar disputas administrativas sin recurrir a una sentencia prolongada.
La propuesta ha sido aceptada por un juez del Centro de Justicia Penal de la región Sur en Mazatlán, lo que marca un precedente en el manejo de casos que involucran desempeños irregulares de la función pública. La medida se presenta como un mecanismo para cerrar el incidente sin emitir juicios definitivos sobre la conducta de los implicados.
Implementación de la suspensión condicional en el proceso penal
La aplicación de la suspensión condicional implica que los ex funcionarios se obliguen a realizar el pago total de los vehículos, un compromiso que se plantea como solución para un caso con numerosas impugnaciones y amparos. Esta medida legal responde a la necesidad de poner fin a un proceso que ha generado incertidumbre en torno a la aplicación de la ley.
La resolución judicial se enmarca en la búsqueda de alternativas viables para resolver procesos penales relacionados con la administración pública, destacando la importancia de contar con instrumentos que permitan una rectificación sin extender indefinidamente el litigio. La decisión del juez se encuentra documentada en el expediente del Centro de Justicia Penal de la región Sur de Mazatlán.
