Venezuela.— Expertos de la ONU denunciaron que el bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos a Venezuela, con la incautación de buques en aguas internacionales, viola el derecho internacional y pone en riesgo derechos humanos básicos.
Puntos clave
- La ONU considera el bloqueo marítimo una violación de la Carta y del derecho internacional.
- Estados Unidos designó en a miembros del gobierno venezolano como parte de un presunto «cártel de los soles».
- Desde principios de septiembre de 2025 se reportan 28 ataques a embarcaciones civiles y al menos 104 muertes.
- Los expertos piden investigaciones, rendición de cuentas y que el Congreso de EU actúe para detener ataques y levantar el bloqueo.
Denuncia de la ONU sobre bloqueo marítimo y detenciones de petroleros
Los especialistas indicaron en su comunicado que el bloqueo impuesto por Estados Unidos, que incluye la incautación de buques petroleros en aguas internacionales, constituye un uso prohibido de la fuerza y viola normas fundamentales del derecho internacional.
En el documento los expertos sostienen que “no hay derecho a imponer sanciones unilaterales mediante un bloqueo armado” y clasifican la medida como un ataque armado que podría autorizar, en principio, la legítima defensa del estado afectado.
“Estos asesinatos constituyen violaciones del derecho a la vida. Deben ser investigados y los responsables deben rendir cuentas.” — expertos de la ONU
Acciones de Estados Unidos: designaciones y despliegue militar en el Caribe
La denuncia sucede tras la designación por parte de Estados Unidos, en , de integrantes del gobierno venezolano —incluido el presidente— como supuestos miembros de una organización llamada “cártel de los soles”.
En Washington anunció el bloqueo de petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela y desplegó una gran fuerza militar en el Caribe, según el comunicado que citan los expertos.
Violaciones, jurisdicción universal y recomendaciones a la comunidad internacional
Los relatores recordaron que un bloqueo puede considerarse agresión según la Asamblea General de 1974 y que la agresión es un delito sujeto a jurisdicción universal, pese a inmunidades de cargos oficiales mientras duren en el ejercicio.
Instaron a los estados a adoptar medidas diplomáticas y contramedidas pacíficas, a investigar las muertes en el mar y a llevar a los responsables ante la justicia para preservar el estado de derecho y la estabilidad regional.
