Vinculación a proceso por portación de armas y cartuchos militares
Ocho sujetos quedaron formalmente vinculados a proceso en Angostura, Sinaloa, por la presunta portación de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El señalamiento se basa en la posesión de fusiles, pistolas y cartuchos de diversos calibres. La acción se enmarca en operativos terrestres realizados en comunidades como Dámaso Cárdenas y Rafael Buelna.
[newsletter_form]La intervención la llevó a cabo personal de la Secretaría de la Defensa Nacional durante tareas de patrullaje. A los imputados, identificados únicamente por sus iniciales, se les atribuye portar granada de fragmentación y elementos bélicos que, de confirmarse su uso ilícito, podrían integrarse al mercado negro de armamento.
Inventario del armamento y cartuchos decomisados
Durante la revisión de los vehículos y la inspección de los detenidos, se contabilizaron nueve fusiles, cuatro pistolas y dos ametralladoras. Además, se aseguró una granada de fragmentación que habría sido trasladada en condiciones irregulares.
El aseguramiento incluyó un total de 12 276 cartuchos de diferentes calibres y 152 cargadores, todos de características militares. Este volumen de municiones sugiere una capacidad logística elevada para el traslado y distribución de armamento.
Detalle de piezas y elementos complementarios
El acervo de armamento se complementó con equipo táctico, consistente en chalecos antibalas y pertrechos de uso militar. La naturaleza de estos elementos plantea cuestionamientos sobre el origen y la posible vinculación de redes de tráfico de armas.
La diversidad en tipos de cartuchos y cargadores indica una procedencia heterogénea, lo que podría apuntar a múltiples rutas de suministro destinadas al mercado ilícito regional.
Vehículos blindados incautados en la operación
Además del armamento, las fuerzas castrenses confiscaron siete unidades motrices: seis de ellas carecían de placas y presentaban blindaje artesanal. Estas modificaciones sugieren un nivel de preparación para resistir acciones de fuerza pública.
Los automotores retenidos incluyen camionetas y vehículos todo terreno, herramientas habituales en organizaciones dedicadas al transporte de cargamentos prohibidos por la ley.
Proceso judicial y medidas cautelares
El Ministerio Público Federal recabó elementos de prueba que llevaron a un juez de control a imponer la prisión preventiva oficiosa a los imputados. Esta decisión restringe la libertad de los encausados para garantizar la integración del expediente.
Se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el cual se deberán aportar más indicios sobre posibles responsabilidades y la cadena de custodia del material asegurado.
Plazo para la investigación complementaria
Durante los siguientes 90 días, las autoridades judiciales realizarán peritajes balísticos y cotejos de huellas en los vestigios hallados. Estos estudios buscan confirmar la relación entre el armamento incautado y hechos delictivos previos.
La fase de investigación incluirá interrogatorios y análisis de rutas de transporte, con el fin de identificar a posibles proveedores y desmantelar la operación de tráfico de armas.
