Rechazo al traslado de costos de regularización laboral en plataformas digitales
La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el anuncio de Uber sobre pasar a los usuarios el gasto derivado de cumplir con la legislación que regula a sus colaboradores como trabajadores formales. Señaló que, al tratarse de una empresa con altos márgenes de ganancia, ese desembolso no puede trasladarse al precio final que pagan las personas que utilizan la aplicación.
Con un enfoque crítico, Sheinbaum enfatizó que el ciclo de ingresos de Uber le permite absorber ese costo sin recurrir a los consumidores. La postura de la mandataria rechaza de plano cualquier incremento tarifario justificado en el proceso de regularizar a conductores o repartidores.
Observaciones sobre el traslado tarifario
La mandataria destacó que, en su criterio, el ajuste en la tarifa de viaje debería ser asumido directamente por la plataforma digital. Rechazó la idea de que el consumidor final se convierta en una fuente de financiamiento para el cumplimiento de obligaciones patronales.
Además, subrayó que esta práctica podría sentar un precedente de aumento de precios indiscriminado, afectando la competitividad y la percepción de fiabilidad del servicio. Desde su perspectiva, la empresa debe gestionar su estructura de costos sin sacrificar la experiencia del usuario.
Incrementos de tarifas y argumentos de la STPS sobre la reforma laboral
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) calificó de “irresponsable” el alza de hasta un 7 % aplicada por Uber, atribuida a gastos asociados a la reciente reforma laboral para plataformas digitales. Según el organismo, la compañía carece de un sustento sólido para justificar este aumento.
En su análisis, la STPS consideró que elevar las tarifas sin pruebas claras de costos adicionales impacta negativamente en la confianza de los usuarios. El señalamiento pone en entredicho la validez de la estrategia comercial de la plataforma.
Evaluación de los costos sin sustento
La dependencia federal sostuvo que Uber no presentó documentación suficiente que respalde el argumento de mayores gastos operativos vinculados a la incorporación de conductores al régimen laboral. Por ello, calificó la medida como una maniobra para mejorar márgenes de utilidad.
Esta postura refuerza la crítica de que la empresa debería haber explorado alternativas internas antes de optar por un incremento directo al consumidor, especialmente en un contexto de alta competencia entre aplicaciones de movilidad.
Protección social y afiliación de repartidores al sistema de seguridad
Tras la entrada en vigor de la legislación para plataformas digitales, más de 400,000 repartidores fueron registrados en el régimen de seguridad social, de acuerdo con datos oficiales. Esta cifra posiciona a México como el primer país que incorpora a trabajadores de aplicaciones en un esquema de protección con seguridad médica y derechos laborales.
La medida busca garantizar acceso a servicios de salud, pensiones y otras prestaciones, promoviendo la formalización de la actividad en el transporte y reparto. El registro masivo de conductores y repartidores representa un avance en la regulación de la llamada “economía de plataformas”.
