Fractura de negociaciones comerciales con Canadá y paralización de diálogos
El presidente de Estados Unidos anunció este viernes 27 de junio la finalización de las negociaciones comerciales con Canadá. La decisión implica la suspensión de intercambios económicos que estaban sujetos a revisión tras la imposición de nuevas medidas fiscales.
Según el comunicado oficial, la ruptura obedece a un desacuerdo irreconciliable por la introducción de un gravamen a servicios digitales en territorio canadiense. Esta medida, a juicio de la Casa Blanca, afecta directamente los intereses estadounidenses.
Impuesto a servicios digitales en Canadá y acusación de ataque flagrante
La imposición de una tasa digital sobre plataformas y servicios en línea fue calificada como un “ataque directo y flagrante” contra la economía de Estados Unidos. El gobierno estadounidense consideró que este impuesto vulnera acuerdos previos y crea un trato desigual.
El gravamen canadiense grava servicios de streaming, publicidad en línea y comercio electrónico con un porcentaje adicional. Esta carga fiscal generó la protesta inmediata de Washington, que lo ve como un obstáculo a la libre competencia.
Aranceles inminentes y calendario para nuevas tarifas
En respuesta al impuesto digital, la administración anunció la imposición de aranceles sobre productos y servicios canadienses. El objetivo es compensar el impacto del gravamen y presionar para un cambio en la legislación tributaria.
El plazo para notificar los nuevos aranceles no supera los siete días, lo que implica un anuncio inminente de tipos impositivos adicionales para quienes mantengan relaciones comerciales con Estados Unidos.
Plazo de notificación y alcance de las medidas
El aviso se enviará oficialmente a las autoridades canadienses en un plazo máximo de una semana. Esto permite a las empresas estadounidenses y canadienses prepararse ante la posible aplicación de nuevos aranceles.
La definición del alcance y los productos afectados quedará establecida en el documento oficial. Hasta entonces, las empresas deberán monitorear de cerca las comunicaciones del gobierno de Estados Unidos.
