Paralización de solicitudes de información sobre personas desaparecidas
Colectivos de madres de personas desaparecidas en Sinaloa denunciaron la interrupción en la atención de sus solicitudes de datos dirigidas a la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Búsqueda y el Centro de Resguardo Temporal. Estas peticiones, presentadas de forma regular ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, quedaron sin respuesta pese a los plazos establecidos.
[newsletter_form]Las familias, encabezadas por la activista Micaela González Heras, reclaman detalles sobre casos abiertos desde 2012 y datos esenciales para avanzar en sus indagaciones. La paralización afecta tanto la transparencia de los procesos como la posibilidad de acceder a registros clave para la localización de personas extraviadas.
Exigencias de metodologías de búsqueda y datos estadísticos
Entre las demandas planteadas figuran las metodologías implementadas por las instituciones de búsqueda, así como la presentación de estadísticas comparativas sobre personas localizadas en años anteriores. Las madres solicitan protocolos claros que permitan evaluar la eficacia de las estrategias de rastreo en campo.
Además, se requiere información precisa sobre el funcionamiento interno del Centro de Resguardo Temporal, con el fin de conocer criterios de custodia y renovación de fichas. Los colectivos subrayan la importancia de contar con datos estructurados para contrastar resultados y detectar posibles omisiones.
Metodologías y protocolos de rastreo
Las familias demandan acceso a manuales de operación que detallen las fases de búsqueda, incluyendo la ubicación georreferenciada y el uso de tecnología en terreno. Este material permitiría comparar procedimientos utilizados en zonas rurales y urbanas.
El análisis de protocolos internos, explican, es fundamental para identificar desviaciones o lagunas en las investigaciones. Sin esta información, los colectivos aseguran que no pueden verificar la consistencia de los pasos seguidos por la autoridad.
Estadísticas comparativas de personas localizadas
Otro requerimiento incluye listados y cuadros estadísticos que muestren la evolución de casos resueltos, clasificados por año y tipo de hallazgo. Estas cifras ayudarían a establecer tendencias y a determinar si existen periodos con mayor incidencia de desapariciones.
La ausencia de datos consolidados impide a las familias evaluar el impacto de las acciones oficiales y comparar resultados con entidades de otras regiones. Por ello, solicitan reportes que integren variables como edad, sexo y distribución geográfica.
Retención de trámites forenses y servicios periciales
Los colectivos denuncian que el acceso a información sobre procedimientos forenses quedó suspendido tras la reforma de transparencia. Informes de servicios periciales, datos sobre pruebas de ADN y tiempos de recepción de muestras no han sido entregados.
Sin el respaldo de datos forenses, los familiares de personas desaparecidas enfrentan obstáculos para confirmar identidades y seguir protocolos de exhumación o reasignación de restos. Esto retrasa los trámites de identificación y prolonga la incertidumbre.
Limitaciones tras la reforma de transparencia en Sinaloa
Las madres advierten que la reciente reforma constitucional en materia de transparencia representó “un retroceso completo”, al restringir el acceso a datos públicos que antes se obtenían por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. El cambio normativo, aseguran, vació de contenido el derecho a la información.
Según la Secretaría de Transparencia de Sinaloa, el estado venció el plazo del 18 de junio de 2025 para armonizar su legislación con las directrices nacionales. Aun así, no se han emitido lineamientos que garanticen la reposición de los mecanismos de consulta.
Estrategias de los colectivos ante el bloqueo de datos
Ante el cerrojo informativo, los grupos de búsqueda buscan asesoría de especialistas en derecho de acceso a la información y transparencia. El objetivo es explorar nuevas vías legales que les permitan reactivar sus solicitudes y obtener datos esenciales.
Los colectivos planean acompañar sus trámites con recursos legales y amparos, con la intención de restablecer el flujo de documentos. Mientras tanto, mantendrán un monitoreo continuo de plazos y notificaciones oficiales.
