Posible estafa y abuso de confianza en Torre Triana Mazatlán
Casi 70 familias denunciaron irregularidades atribuibles a Grupo Universal Inmobiliario en el desarrollo de Torre Triana en Mazatlán, proyecto que lleva abandonado desde 2022. Señalan que la adquisición del terreno en marzo de 2017, por 21.12 millones de pesos, incluyó un enganche de 500 000 pesos y pagos posteriores, prometiendo departamentos que hoy permanecen inconclusos e inhabitables.
Los compradores afirman que los compromisos de entrega no se han cumplido, lo que configura un posible delito de abuso de confianza o fraude, al no existir un avance tangible de la obra y no recibir notificación formal sobre el estado de los departamentos adquiridos.
Irregularidades financieras y fideicomisos con garantía fiduciaria
Para financiar la construcción se constituyeron varios fideicomisos y se contrataron créditos con diferentes instituciones, lo que ha generado dudas sobre el destino real de los recursos. La estructura financiera planteada buscaba, en principio, garantizar la continuación de la obra; sin embargo, las familias denuncian que los fondos se redistribuyeron sin concluir el proyecto.
La serie de operaciones de crédito y fideicomisos se realizó en fechas clave, pero la falta de transparencia en los informes de avance ha avivado las sospechas de desvío de capital.
Préstamos y apertura de crédito de Bansi
El 27 de diciembre de 2019, Grupo Universal logró una apertura de crédito simple con garantía fiduciaria por 75 millones de pesos ante Bansi, con el objetivo declarado de impulsar la edificación de Torre Triana.
No obstante, los afectados cuestionan la aplicación de estos recursos, pues no se han presentado reportes de avance que demuestren avances significativos de obra ni justificaciones formales sobre su uso.
Crédito de Finamo y financiamiento de Kapitalizer
El 23 de junio de 2022, Administradora de Soluciones Finamo otorgó un crédito por 70 millones de pesos destinado supuestamente a continuar la construcción. A su vez, el 25 de junio de 2024, Kapitalizer suscribió un préstamo de 104.796 millones de pesos con convenio de sustitución fiduciaria.
Ambos esquemas de financiamiento fueron señalados por las familias como operaciones destinadas a liquidar pasivos previos y capitalizar a los desarrolladores, sin reflejarse en la conclusión de la torre.
Construcción inconclusa y destino de recursos de preventa
Desde 2022 la torre permanece paralizada, con instalaciones a medio construir y unidades sin acabados, lo que impide su habitabilidad. La obra inconclusa es el principal punto de inconformidad para los compradores que ya habían cubierto total o parcialmente el costo de sus departamentos.
La falta de avance tangible, combinada con la ausencia de comunicación oficial, ha dejado a las familias sin certezas sobre el plazo de entrega o la viabilidad del desarrollo.
Obra abandonada desde 2022
Las evidencias fotográficas y de inspección constatan andamios, muros sin enjarre y zonas de la torre sin tabiques, reflejo de la paralización de labores. No existe plan público de reactivación ni cronograma actualizado.
Las familias denuncian que el proyecto lleva años en estado de abandono y que no se han recibido avisos formales sobre medidas de rescate o reactivación de la construcción.
Uso de preventas para pago de pasivos
Según los denunciantes, los ingresos obtenidos por preventas se destinaron a liquidar créditos previos, sin reinvertir en avanzar la edificación. Esta práctica habría permitido a los desarrolladores cubrir sus obligaciones financieras, pero dejó inconclusa la torre.
La redistribución de esos recursos genera incertidumbre sobre la solvencia real del proyecto y la capacidad de entrega de las unidades adquiridas.
Convocatoria al diálogo de las familias afectadas
En respuesta a la situación, las familias afectadas han convocado a Kapitalizer y a los representantes legales de Grupo Universal Inmobiliario a entablar un diálogo que defina el futuro de Torre Triana. Buscan transparencia en el uso de los fondos y un acuerdo claro sobre la conclusión de la obra.
La petición surge ante el riesgo de prescripción de responsabilidades y la pérdida de patrimonio de decenas de compradores que permanecen a la espera de una solución.
