Demanda por toma de control federal, intervención federal y Home Rule Act
El fiscal general del Distrito de Columbia presentó una demanda contra la Administración por lo que calificó como una toma de control federal de la Policía de Washington D.C. En la querella se solicita a un juez federal que declare inconstitucionales y bloquee las acciones apoyadas en la Home Rule Act.
En el escrito se sostiene que la Administración excede su autoridad limitada y temporal bajo la Ley de Autonomía, y que esas decisiones vulneran el derecho del Distrito a la autogestión. La demanda solicita medidas para revertir o detener el control federal sobre las fuerzas del orden locales.
El caso plantea una disputa directa entre las facultades federales y las prerrogativas municipales establecidas en la legislación que regula la autonomía del Distrito, con argumentos centrados en límites legales y competencia administrativa.
Designación de Terry Cole como comisario de emergencia y orden de Pam Bondi
Pam Bondi, en su rol como fiscal general estadounidense designada, firmó una orden que nombra a Terry Cole, director de la DEA, como comisario de emergencia de las fuerzas policiales de la capital. La medida delega autoridad operativa sobre el Departamento de Policía Metropolitana en manos federales.
La Administración presentó el nombramiento como parte de una respuesta a una supuesta crisis de seguridad, mientras que la parte demandante lo describe como una intrusión ilegal en el control local de la policía. La designación de Cole es el eje administrativo que motiva la impugnación judicial.
El nombramiento plantea preguntas sobre la naturaleza y el alcance de las designaciones de emergencia, así como sobre los mecanismos legales para limitar su duración y su compatibilidad con las normas de autonomía municipal.
Reacción de la alcaldesa Muriel Bowser y la jefatura policial
La alcaldesa del Distrito calificó el nombramiento de Cole como ilegal y se sumó a la acción legal para impugnar la orden. Según la administración local, cumplir la designación implicaría ceder competencias que corresponden al gobierno municipal.
La jefatura policial quedó en el centro del conflicto institucional: la demanda busca preservar el control de la alcaldesa y de la jefa de la Policía sobre las operaciones locales, y ambas autoridades públicas contestaron formalmente la intervención federal propuesta.
Declaración de emergencia de seguridad pública, despliegue de la Guardia Nacional y tropas federales
El presidente declaró una “Emergencia de Seguridad Pública” y autorizó el despliegue de aproximadamente 800 tropas de la Guardia Nacional con el objetivo de restablecer el orden público. El movimiento incluyó la activación de personal militar y su integración en la respuesta en la capital.
El Ejecutivo también anunció la intención de que una autoridad federal se haga cargo del Departamento de Policía Metropolitana, una decisión que acompaña al envío de la Guardia Nacional y que intensifica la disputa sobre quién dirige la seguridad en la ciudad.
La presencia de fuerzas militares en apoyo de la seguridad urbana reaviva debates sobre la proporcionalidad del uso de tropas y la línea que separa la cooperación federal de la sustitución de autoridades locales en funciones civiles.
Duración del control federal y conflicto sobre plazos legales
La Administración indicó su intención de buscar la extensión del control federal más allá del plazo de 30 días establecido por la normativa aplicable. Ese planteamiento generó cuestionamientos sobre la validez de extender estados de emergencia que afectan la administración local.
El vencimiento del plazo legal y la posible prórroga constituyen un punto central en la disputa judicial, pues determinarán si la intervención se mantiene temporalmente o si adquiere un carácter más prolongado que comprometa la autonomía municipal.
Petición judicial para preservar el control local, autonomía local y argumentos legales
La demanda busca que la alcaldesa y la jefa de la Policía conserven el control de las fuerzas del orden, argumentando que la intervención federal vulnera derechos del Distrito y excede las facultades que la ley federal les concede. El recurso solicita medidas cautelares y una declaración de inconstitucionalidad respecto a las acciones impugnadas.
En su exposición, el fiscal general alega abuso de autoridad y riesgo para la seguridad pública como consecuencia de la interferencia en la gestión municipal. El litigio plantea la necesidad de una interpretación judicial sobre el equilibrio entre autoridad federal y autonomía local.
El proceso judicial concentrará la atención en la aplicación de la Home Rule Act y en los límites que esa normativa impone a las designaciones de emergencia y al despliegue de fuerzas federales en jurisdicciones locales con estatus especial.
