Suspensión temporal de regidoras y medidas cautelares en Ahome
Un Juez de Control dictó la suspensión temporal de las regidoras Judith Luna Castro y Marysol Morales Valenzuela como medida cautelar en el municipio de Ahome. Esta acción responde a un proceso por presunto Desempeño irregular de la función pública.
La resolución se basa en el riesgo que, según la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, representaba la permanencia de las regidoras en el Comité de Adquisiciones. El juez consideró imprescindible salvaguardar el patrimonio municipal.
Obligaciones y restricciones impuestas
El 8 de julio de 2025 se impuso a las dos regidoras la obligación de comparecer periódicamente ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA). Además, se incluyó la prohibición de salir del país sin autorización judicial.
El 22 de julio de 2025, la misma autoridad amplió las medidas al ordenar la suspensión temporal de sus cargos en el Ayuntamiento de Ahome. Estas disposiciones se mantendrán hasta el cierre del proceso penal.
Acusación por Desempeño irregular de la función pública en el Comité de Adquisiciones
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa atribuye a ambas regidoras facultades de participación y voto que habrían facilitado decisiones irregulares. El señalamiento se centra en la adjudicación directa dentro del comité municipal.
El Ministerio Público aportó documentación y testimonios que, de sostenerse, demostrarían una vulneración a los principios de transparencia y legalidad en el ejercicio de la función pública.
Presentación de pruebas en la audiencia
Durante la audiencia, se exhibieron contratos y actas de sesión donde constan las decisiones del Comité de Adquisiciones. Estos documentos fueron evaluados por el juez como indicios de probable riesgo patrimonial.
La autoridad judicial consideró que las irregularidades señaladas podrían generar un perjuicio económico al municipio, motivo por el cual avaló la medida cautelar de suspensión de cargos.
Contrato de arrendamiento de vehículos y riesgo patrimonial municipal
Los hechos se relacionan con un contrato de arrendamiento de vehículos para patrullas autorizado en diciembre de 2021. La Fiscalía señala que se realizó mediante adjudicación directa sin concurso público.
Se investiga si esa modalidad de contratación infringió normas de adquisiciones y si provocó un uso indebido de recursos públicos destinado a la seguridad ciudadana.
Detalles del contrato y asignación directa
El acuerdo de diciembre de 2021 involucró la renta de unidades para el patrullaje urbano, cuya adjudicación directa no contempló licitación abierta. Esto generó cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento.
El proceso de investigación busca determinar el alcance del riesgo patrimonial y verificar si se presentaron sobrecostos o favorecer a alguna empresa en particular.
