Socio del Canelo Álvarez y presuntos vínculos criminales
Julio César Martínez Apodaca, identificado como socio del boxeador Saúl “Canelo” Álvarez en proyectos de restauración, fue incluido en una lista de personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Martínez Apodaca figura en esta medida por supuestos vínculos con redes de narcotráfico y financiamiento ilícito.
Las autoridades estadounidenses señalan que el empresario habría utilizado estructuras comerciales para blanquear recursos obtenidos a través de actividades delictivas. Entre los señalamientos se menciona la colaboración con empresas fachada y la movilización de recursos hacia el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
🇲🇽 Nacional | 🛢️⚠️ | Socio de “Upper, by Canelo Energy” en la mira por nexos criminales.
Eric Zamora, señalado por la FGR y el gobierno de EE.UU., ha sido recibido públicamente por alcaldes y ha viajado con el entorno de Saúl Álvarez.
Las investigaciones lo vinculan con empresas… pic.twitter.com/mYO6Ldb3aI— Luces del Siglo (@lucesdelsiglo) July 1, 2025
Designación bajo la Ley Kingpin y alcance de las sanciones
La inclusión de Martínez Apodaca en la lista de la Ley Kingpin implica el bloqueo de todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o entidades de ese país. Esta medida busca cortar fuentes financieras del CJNG y de organizaciones coludidas.
El documento oficial detalla que el empresario mantiene supuestas relaciones con altos mandos del CJNG, incluidos operadores encargados de logística y distribución de estupefacientes. Estas designaciones se apoyan en información de entidades de seguridad mexicana y de inteligencia financiera internacional.
Operaciones de huachicol y financiamiento del CJNG
El señalamiento contra Martínez Apodaca también lo vincula con el robo de combustible, conocido popularmente como huachicoleo. Según el reporte del Tesoro, estos recursos provenían de tomas clandestinas y distribución ilegal de hidrocarburos.
Los fondos obtenidos por el desvío de gasolinas habrían sido canalizados hacia cuentas en paraísos fiscales y luego reintegrados al sistema financiero, facilitando la adquisición de inmuebles y la creación de empresas fachada.
De este modo, se presume que el financiamiento ilícito sirvió para sostener operaciones logísticas del CJNG, incluyendo rutas de transporte de drogas y pago de nóminas de células delictivas.
Bienes inmovilizados y seguimiento de activos
Entre los bienes bloqueados figuran propiedades inmobiliarias en Jalisco y cuentas bancarias locales. La investigación financiera se centró en empresas relacionadas con servicios de catering y restauración.
Las autoridades mantienen activo el rastreo de transferencias y solicitudes de registro mercantil ligadas a Martínez Apodaca, con el fin de identificar a otros presuntos colaboradores.
Estrategias de redes criminales y uso de fachadas
El informe indica que el CJNG emplea estructuras corporativas para encubrir el origen de fondos ilícitos y dispersar riesgos de detección. Esta modalidad favorece el crecimiento de operaciones bajo apariencia de negocios legales.
La combinación de actividades de huachicol y lavado de dinero subraya la diversificación de ingresos de los grupos delictivos, cuyos movimientos son analizados por agencias de seguridad nacionales e internacionales.
