La organización SNAP (Red de Sobrevivientes de Abuso por Sacerdotes) denunció este jueves que el recién elegido papa León XIV encubrió casos de abuso sexual clerical durante su etapa como obispo de Chiclayo, Perú, y como provincial de los agustinos. La acusación fue publicada horas después de la primera aparición pública del pontífice en el Vaticano.
En un comunicado, SNAP aseguró que el ahora papa León XIV —identificado como monseñor Robert Prevost antes de su elección— permitió, siendo superior religioso, que un sacerdote acusado de pederastia residiera en el convento agustino St. John Stone en Chicago, a escasos metros de una escuela católica, pese a que tenía restricciones ministeriales impuestas desde 1991.
Según la organización, cuando el prelado fue nombrado obispo de la diócesis de Chiclayo (norte de Perú), al menos tres víctimas presentaron denuncias en 2022 ante las autoridades civiles, tras no encontrar respuestas adecuadas dentro de la Iglesia. SNAP acusa al entonces obispo de no abrir una investigación canónica, enviar información incompleta al Vaticano y permitir que el acusado siguiera celebrando misa, incluso aportando fotografías como prueba.
SNAP exige medidas concretas al papa León XIV
La Red de Sobrevivientes de Abuso por Sacerdotes presentó una denuncia formal contra Prevost el 25 de marzo de 2025 bajo el decreto Vos estis lux mundi, promulgado por el papa Francisco en 2023, que establece los protocolos de la Iglesia católica ante denuncias de abusos sexuales por parte del clero.
SNAP instó al papa León XIV a tomar «acciones decisivas» durante sus primeros 100 días de pontificado. Entre sus demandas destacan la creación de una Comisión Global de la Verdad con cooperación plena del Vaticano, la implementación de una política de tolerancia cero universal en el derecho canónico y la firma de acuerdos legales internacionales que garanticen la transparencia y rendición de cuentas de la Iglesia.
Asimismo, solicitan el establecimiento de un Fondo de Reparaciones financiado en parte por los activos de la Iglesia, que permita indemnizar a las víctimas de abusos.
Estas acusaciones suponen un desafío crítico para el nuevo pontífice, cuya gestión en materia de abusos será observada de cerca por la comunidad internacional y los defensores de derechos humanos.
