Veracruz, Veracruz.— La presidenta Claudia Sheinbaum exigió claridad a la Suprema Corte de Justicia tras la compra de nueve camionetas blindadas para ministras y ministros, y cuestionó la afirmación de un ahorro superior a mil millones de pesos, dijo recientemente en conferencia.
Lo que sabemos
- La SCJN adquirió nueve camionetas blindadas para integrantes del pleno.
- El Poder Judicial justificó la compra argumentando un ahorro mayor a 1,000 millones de pesos.
- Sheinbaum pidió al comité de administración detalles sobre la metodología del cálculo.
- La corte invocó motivos de seguridad y una norma de 2019 que estipula renovación cada cuatro años.
Reclamo de transparencia de Sheinbaum sobre la compra
Sheinbaum señaló que recibió una nota informativa donde el Poder Judicial plantea cancelar un contrato de renta y sustituirlo por compra directa, lo que, según esa versión, implicaría ahorro a largo plazo.
La presidenta cuestionó la ausencia de esa cifra en el comunicado inicial de la Suprema Corte y pidió que el comité de administración explique detalladamente los números y el procedimiento seguido.
«La corte tiene que informar… todo ello tiene que informarlo la corte» —Claudia Sheinbaum.
Argumentos de la Suprema Corte sobre seguridad y renovación
El máximo tribunal defendió la compra al argumentar que las unidades anteriores ya no cumplían los estándares de seguridad exigidos para funcionarios de alto riesgo.
Además, la SCJN se ampara en una normativa de 2019 que obliga a renovar los vehículos cada cuatro años por motivos de seguridad y desgaste operativo.
Normativa 2019 y procedimiento
Según la corte, la renovación periódica forma parte de medidas de prevención institucional y no responde a decisiones discrecionales. La versión oficial apunta a un análisis de costo-beneficio frente a la renta de unidades.
Preguntas abiertas sobre cifras y justificación
Queda sin detallar la metodología usada para estimar los supuestos más de 1,000 millones de pesos en ahorro, según lo expuesto por Sheinbaum durante su intervención desde Veracruz.
La presidenta también pidió aclarar si la adquisición responde a amenazas concretas contra ministros o si se trata de un procedimiento rutinario de mantenimiento institucional.
