Mazatlán, Sinaloa.— La periodista Sheila Arias presentó esta semana una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tras recibir amenazas directas y mensajes intimidatorios por publicar información sobre el proyecto inmobiliario Punta Nama.
Lo que sabemos
- Amenazas directas que exigían retirar publicaciones y advertían sobre afectar su entorno laboral
- Denuncia formal presentada ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la CEDH
- Denuncia turnada a la vicefiscalía especializada en atención a personas defensoras de derechos humanos y periodistas
- Información difundida a partir de documentos de consulta pública de la Gaceta Ecológica de la Semarnat sobre Punta Nama en Playa Brujas
- Article 19 emitió una alerta pública y el instituto local de protección de defensores y periodistas dará acompañamiento
Detalles de la amenaza y la denuncia
La denuncia describe una serie de mensajes intimidatorios y exigencias para que la comunicadora retirara sus publicaciones en redes sociales. Estos mensajes, según la presentación, incluían advertencias sobre afectar su entorno laboral si ella no accedía.
La comunicadora interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. La fiscalía turnó el expediente a la vicefiscalía especializada para la debida integración del caso.
Proyecto Punta Nama y fuentes citadas
Los hechos ocurrieron a raíz de la publicación de información relacionada con el proyecto inmobiliario denominado Punta Nama, previsto en la zona conocida como Playa Brujas. La periodista señaló que la información difundida proviene de documentos de consulta pública de la Gaceta Ecológica de la Semarnat.
La referencia a documentos oficiales es central en la denuncia, pues la comunicadora sostiene que actuó con base en fuentes públicas. No se reportan en la denuncia detalles adicionales sobre las empresas o permisos vinculados al proyecto.
Respuesta institucional y seguimiento
La organización internacional Article 19 emitió una alerta pública sobre el caso y explicó que dio visibilidad a las amenazas. El instituto para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de Sinaloa ya tiene conocimiento y ofrecerá acompañamiento.
Las autoridades estatales se encuentran en la etapa de recopilación de pruebas para identificar el origen de los mensajes y determinar responsabilidades legales. La vicefiscalía especializada será la encargada de integrar las diligencias y avanzar en la investigación.
