El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que impedirá a los deudores de pensión alimenticia tramitar documentos como pasaporte o credencial del Instituto Nacional Electoral (INE).
La reforma plantea la creación de un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para concentrar la información de las personas deudoras alimentarias y dotar de una efectiva protección de los derechos de los menores.
La propuesta fue avalada con 86 votos y enviada al Ejecutivo federal. La reforma establece que las autoridades de los tres órdenes de gobierno dispondrán de lo necesario para establecer como requisito la presentación del certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para realizar procedimientos y trámites como licencias y permisos para conducir, pasaporte o documento de identidad y de viaje, participación como candidato a cargos de elección popular, entre otros.
Además, se requerirá dicho certificado en las solicitudes de matrimonio y se prevén medidas de restricción migratoria para evitar que los deudores alimentarios morosos puedan salir del país cuando existan los medios de prueba para determinar la existencia de un riesgo importante de evasión del pago de la deuda.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, destacó que la reforma responde a la obligación del Estado mexicano de garantizar la satisfacción de las necesidades alimentarias de las niñas, niños y adolescentes del país.
La pensión alimenticia es un tema que debe fortalecer su ejecución y garantizar su oportuno cumplimiento de manera homologada en todo el país. La reforma ahora deberá ser promulgada por el Ejecutivo federal para entrar en vigor.
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