Encuentro para regular scooters y movilidad compartida
En Mazatlán se celebró una mesa de trabajo entre autoridades municipales y arrendadores de scooters para discutir la regulación de la movilidad compartida. El espacio incluyó a Oficialía Mayor, Protección Civil y Seguridad Pública.
El objetivo principal fue prevenir accidentes y sentar las bases de una normativa local. Representantes de empresas de renta participaron en el diálogo sobre controles y requisitos mínimos.
Principales acuerdos de seguridad vial en Mazatlán
Se acordó levantar un censo de todos los aparatos en renta, con el fin de conocer el volumen real de unidades y su ubicación. El registro permitirá una supervisión más efectiva.
También se estableció exigir casco de seguridad, rodilleras y chaleco reflejante a los usuarios. Estas medidas buscan reducir lesiones y fomentar el uso responsable de los vehículos.
Censo de vehículos en renta
El censo de scooters se realizará a través de un registro digital supervisado por Oficialía Mayor. Las empresas deberán reportar modelo, placa y puntos de anclaje.
La base de datos servirá como referencia para futuras inspecciones y auditorías. Además, facilitará la identificación de unidades en caso de incidentes.
Equipamiento obligatorio y limitación de velocidad
Los usuarios deberán portar equipo de protección homologado, incluidos casco, rodilleras y chaleco con bandas reflectantes. El incumplimiento implicará advertencias y eventual suspensión de servicio.
Se fijó una velocidad máxima de 25 km/h para scooters en vías urbanas. La restricción pretende minimizar daños en caso de colisión.
Inclusión de patines y bicicletas eléctricas en la regulación
Las autoridades extendieron las mismas medidas de seguridad a patines y bicicletas eléctricas particulares. Con ello se busca homogeneizar las normas de movilidad sostenible y micromovilidad.
La obligatoriedad de casco y chaleco reflectante aplicará sin excepción a todos los vehículos eléctricos destinados a uso individual o compartido.
Esta ampliación apunta a reducir puntos ciegos en la regulación y garantizar un trato uniforme a cada tipo de dispositivo.
Periodo de supervisión y sanciones administrativas
Durante las próximas dos semanas se realizará un trabajo de campo en los puntos de renta. Equipos de supervisión verificarán el cumplimiento de requisitos en tiempo real.
Quienes no acaten las normas serán sancionados con multas impuestas por el juzgado cívico. Las sanciones administrativas buscarán disuadir infracciones reiteradas.
Además, se implementarán operativos de concientización y vigilancia a cargo de Seguridad Pública, Protección Civil, Oficialía Mayor y la Subdirección de Comercio.
