La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido un fallo declarando la inconstitucionalidad de la polémica reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (ILE), promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en marzo de 2021. Esta reforma, que otorgaba ventajas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas del sector, ha sido objeto de un intenso debate tanto político como legal desde su aprobación.
El voto a favor del proyecto de sentencia, presentado por Laynez Potisek y respaldado por el ministro Pérez Dayán, se fundamenta en los argumentos de inconstitucionalidad expuestos previamente por el tribunal pleno. Por otro lado, la ministra Lenia Batres Guadarrama votó en contra, argumentando que la reforma buscaba generar un nuevo diseño institucional en el sector energético, basado en la participación de capitales privados.
Impacto y consecuencias: Con esta decisión de la SCJN, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica queda sin posibilidad de implementarse, lo que supone un revés para la agenda energética del gobierno de López Obrador. La propuesta buscaba modificar varios artículos constitucionales para dar prioridad a la CFE en la generación de energía eléctrica, con el objetivo de reducir el costo de la luz y fortalecer la empresa estatal.
La reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador pretendía modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, otorgando al gobierno federal la exclusividad en áreas estratégicas como la generación de energía eléctrica. Se planteaba que la CFE generaría el 54% de la electricidad, mientras que los privados se quedarían con el 46%, con la promesa de disminuir el costo de la luz por debajo de la inflación.
La resolución de la SCJN pone fin a un largo proceso legal y político en torno a la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador. El fallo destaca la importancia del Estado de Derecho y del respeto a la Constitución en la definición de las políticas energéticas del país, marcando un hito en la lucha por el equilibrio entre el sector público y privado en el ámbito de la energía eléctrica.
